El PSOE se persona como afectado en el caso de El Morlaco

El grupo socialista en el Ayuntamiento de Málaga ha solicitado su personación como afectado en el expediente administrativo que ha iniciado el consistorio para revocar el acuerdo de pleno que decretó el derribo de una planta del edificio Mirador del Cerrado, en el privilegiado paraje de El Morlaco, por el exceso de altura con el que fue construido.El PSOE considera que es parte afectada en el asunto por cuanto de él partió la propuesta sancionadora que fue aprobada en pleno el 15 de febrero de 1999 con sus propios votos y los de los otros dos grupos de la oposición (IU y Nueva Izquierda), que ...

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El grupo socialista en el Ayuntamiento de Málaga ha solicitado su personación como afectado en el expediente administrativo que ha iniciado el consistorio para revocar el acuerdo de pleno que decretó el derribo de una planta del edificio Mirador del Cerrado, en el privilegiado paraje de El Morlaco, por el exceso de altura con el que fue construido.El PSOE considera que es parte afectada en el asunto por cuanto de él partió la propuesta sancionadora que fue aprobada en pleno el 15 de febrero de 1999 con sus propios votos y los de los otros dos grupos de la oposición (IU y Nueva Izquierda), que entonces sumaban mayoría absoluta en la corporación. El portavoz socialista, Francisco Oliva, ha requerido al alcalde, Francisco de la Torre, para que admita su personación y le dé traslado de todas las actuaciones practicadas hasta ahora.

Oliva se ha quejado del oscurantismo del equipo de gobierno porque ya el 31 de mayo pidió información sobre el asunto sin haber recibido aún respuesta. Además, el portavoz socialista asegura que tuvo conocimiento del inicio del expediente de revocación del acuerdo plenario decretado por la concejal de Urbanismo, Oliva González, por la prensa. El portavoz socialista no sólo ha cuestionado el cariz democrático de esta decisión, que considera un abuso de la mayoría absoluta para enmendar decisiones que no gustan al equipo de gobierno, sino porque el decreto de inicio del expediente de revocación está basado en un informe jurídico encargado a un asesor externo del Ayuntamiento sin que conste la existencia de un dictamen del secretario municipal, como es preceptivo.

El edificio en cuestión, de la Sociedad Colombina de Promociones Inmobiliarias, fue construido con exceso de altura y volumen sobre la licencia concedida. Las obras se paralizaron por orden municipal en julio de 1998 y, tras constituir una comisión de investigación, el 15 de febrero de 1999 el pleno decretó el derribo de una planta. La sanción que ahora pretende revocar el PP no se ha llegado a ejecutar.

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