Adaptar los edificios y el entorno urbano a la norma de accesibilidad exige 5.000 millones anuales
La adaptación de los edificios y del entorno urbano a la norma sobre accesibilidad, aprobada en abril por el Gobierno vasco, supondrá un desembolso anual de 5.200 millones de pesetas a los sectores público y privado. El reglamento, que desarrolla la ley para la Promoción de la Accesibilidad y es de obligado cumplimiento para todos los edificios, trata de eliminar las barreras arquitectónicas que impiden a las personas discapacitadas o con problemas físicos moverse con libertad en los edificios de uso público, en los medios de transporte o en el conjunto de la ciudad.
La dirección de Viv...
La adaptación de los edificios y del entorno urbano a la norma sobre accesibilidad, aprobada en abril por el Gobierno vasco, supondrá un desembolso anual de 5.200 millones de pesetas a los sectores público y privado. El reglamento, que desarrolla la ley para la Promoción de la Accesibilidad y es de obligado cumplimiento para todos los edificios, trata de eliminar las barreras arquitectónicas que impiden a las personas discapacitadas o con problemas físicos moverse con libertad en los edificios de uso público, en los medios de transporte o en el conjunto de la ciudad.
La dirección de Vivienda ha elaborado un informe para conocer la repercusión económica que supone la entrada en vigor del nuevo reglamento en comparación con lo hasta ahora existente, que eran unas normas muy básicas de adaptación para personas con movilidad reducida. El estudio, al que ha tenido acceso EL PAÍS, diferencia cuatro categorías: los edificios residenciales (viviendas de promoción pública y privada); los edificios de uso público (como colegios, bancos o supermercados); el entorno urbano (parques, jardines, calles) y los sistemas de comunicación (señalización para ciegos y sordos).El Gobierno no ha fijado fecha fija para adaptar los edificios a la norma de accesibilidad (podrán hacerlo por etapas); lo que ha hecho es establecer unos criterios: toda edificación nueva tiene que ir en la línea de lo que marca el reglamento y siempre que se plantee la rehabilitación integral de un edificio, las obras tendrán que tener en cuenta las previsiones de la norma. "Si no hay reforma, no hay obligación de adaptación", resume el director de Vivienda, Javier Iriarte. El sector privado tendrá que hacerse cargo de sus edificios (como bancos o centros comerciales), aunque dispondrá de ayudas públicas. Para asesorar sobre las condiciones para acceder a este tipo de subvenciones, el Gobierno abrirá próximamente una oficina en cada una de las capitales vascas.
Ascensores anchos
En los edificios residenciales de titularidad pública o privada, el documento estima que son necesarios al menos 2.181 millones cada año para que las residencias dispongan de ascensores con la anchura adecuada, rampas especiales o para aumentar la anchura del hueco de paso, entre otros elementos. La repercusión en obra nueva es prácticamente mínima si desde el proyecto original se asumen los contenidos del reglamento de accesibilidad, remarca Iriarte. Otra cosa es adaptar los edificios preexistentes a esta normativa cuando se realicen reparaciones importantes. Así, la rehabilitación de los edificios de viviendas supone un coste anual de 669 millones.
En el caso de los edificios de uso público, el efecto económico asciende a 1.794 millones de pesetas. En este capítulo, al igual que en los edificios de viviendas, el principal gasto se deriva de las obras de reforma, que asciende a 1.454 millones al año. Vivienda considera que cada 12 años hay que proceder a la rehabilitación de un centro, por lo que teniendo en cuenta el parque total de edificios y su antigüedad, ha calculado el número de centros que cada año deben renovarse hasta completar los 12 años, tiempo en el que se supone que se habrá acometido la reforma de todos los edificios.
Por ejemplo, en Euskadi existen 1.246 colegios y centros educativos. Si es preciso destinar casi 128 millones de pesetas cada año para adaptarlos a la normativa, la renovación de todo el parque supondrá casi 1.800 millones. Los establecimientos de industria y energía son los que más dinero van a necesitar para adaptarse: casi 600 millones se irán en rehabilitación y 255 en las edificaciones de nueva planta. En conjunto, un 37,96% del total de edificios de uso público.
Para el entorno urbano, compuesto por los espacios públicos y los equipamientos comunitarios, como las farolas, pasos de cebra, vados, parques, aparcamientos y aseos públicos, la adaptación necesita al menos 620 millones. Los pasos de peatones (31,12% del gasto) y los vados de vehículos (29,93%) requieren el mayor desembolso. "Todo tiene que estar preparado para garantizar su uso y disfrute por parte de las personas", apunta Iriarte. Mientras, el coste de adaptar los sistemas de comunicación (como los semáforos, interfonos en los portales o la formación del personal en lenguaje de signos) es de 668 millones.
El director de Vivienda destaca la idea de que en los edificios públicos se está acelerando desde hace algún tiempo el proceso de transformación. "No hace falta que entren en vigor las normas para que se empiece a dar ejemplo", dice. Reconoce que el sector privado tiene otro ritmo, pero en el público es "importante acelerar".
La redacción del reglamento llevó más de dos años desde que se aprobó la ley en 1997. Incluso, el apartado sobre la accesibilidad en el transporte aún no ha sido elaborado. Los grupos directamente afectados, como las asociaciones de minusválidos, están satisfechas con la nueva reglamentación, aunque esperan que haya "un seguimiento" y se haga aplicar.