Prisión debida
La audiencia Nacional no ha esperado a que el Tribunal Supremo diga la última palabra sobre el caso Lasa-Zabala para ordenar el ingreso en prisión de los condenados. El general Enrique Rodríguez Galindo y el teniente coronel Ángel Vaquero ingresaron ayer en la prisión militar de Alcalá de Henares, mientras que el ex gobernador de Guipúzcoa Julen Elgorriaga hizo lo propio en la de Alcalá-Meco. Unen así su suerte a la de los otros dos condenados -los ex guardias civiles Enrique Villalobos y Felipe Bayo- que cumplen prisión preventiva desde el inicio de la investigación judicial, hace ahora cuatr...
La audiencia Nacional no ha esperado a que el Tribunal Supremo diga la última palabra sobre el caso Lasa-Zabala para ordenar el ingreso en prisión de los condenados. El general Enrique Rodríguez Galindo y el teniente coronel Ángel Vaquero ingresaron ayer en la prisión militar de Alcalá de Henares, mientras que el ex gobernador de Guipúzcoa Julen Elgorriaga hizo lo propio en la de Alcalá-Meco. Unen así su suerte a la de los otros dos condenados -los ex guardias civiles Enrique Villalobos y Felipe Bayo- que cumplen prisión preventiva desde el inicio de la investigación judicial, hace ahora cuatro años.Con condenas tan fuertes como las impuestas en el caso Lasa-Zabala -entre 69 y 71 años-, acordes, por otra parte, con la gravedad de los hechos declarados probados en el juicio, era improbable que la Audiencia Nacional adoptara una decisión distinta. En este caso, la prisión preventiva acordada no responde a meros indicios de delito, sino a una sentencia que, aunque no sea firme por estar pendiente de recurso, impone graves penas por delitos que el Código Penal reputa de los más aborrecibles, como la detención ilegal y el asesinato de ciudadanos por parte de funcionarios del Estado. La prisión del general Rodríguez Galindo y de los otros condenados en el caso Lasa-Zabala no está motivada, pues, en un posible riesgo de fuga, sino por por la extrema gravedad de lo que hicieron hace 17 años. La Audiencia ya se preocupa en aclarar que los condenados "siempre han cumplido sus obligaciones con el tribunal" y que su decisión de privarles de libertad no pretende atribuir "sospechas de indignidad" -como sería la razón de una posible fuga del general Galindo- a "quienes desde la Guardia Civil y desde diversos cargos públicos han prestado tantos y tan meritorios servicios a la sociedad".