El Consell aprueba los estatutos de la Universidad de Valencia sin el artículo 167.4

El Gobierno valenciano dio ayer luz verde a un decreto por el que aprueba los estatutos de la Universidad de Valencia, aunque sin el polémico artículo 167.4, relativo a las evaluaciones del conocimiento del valenciano por parte del personal docente. El Consell considera "ilegal" el artículo en cuestión y "no lo comparte desde el punto de vista político". Los estatutos de la Universidad se publicarán, pues, incompletos. La Universidad de Valencia interpuso la pasada semana ante el TSJ un recurso contra la Generalitat por considerar aprobados los estatutos por silencio administrativo.

El ...

El Gobierno valenciano dio ayer luz verde a un decreto por el que aprueba los estatutos de la Universidad de Valencia, aunque sin el polémico artículo 167.4, relativo a las evaluaciones del conocimiento del valenciano por parte del personal docente. El Consell considera "ilegal" el artículo en cuestión y "no lo comparte desde el punto de vista político". Los estatutos de la Universidad se publicarán, pues, incompletos. La Universidad de Valencia interpuso la pasada semana ante el TSJ un recurso contra la Generalitat por considerar aprobados los estatutos por silencio administrativo.

El Gobierno valenciano ha dado este nuevo paso en el pulso que mantiene con la Universidad de Valencia sin esperar al tercer dictamen del Consejo Jurídico Consultivo (CJC) en torno al asunto que, según anunció el presidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana, el pasado miércoles en las Cortes, pensaba solicitar del organismo asesor en materia legal. Tal vez porque el mismo día en que Zaplana anunciaba en el Parlamento esta intención, la Universidad presentaba un recurso contra el retraso en la publicación de los estatutos, el Consell ha optado por acelerar la aprobación, eso sí, sin el discutido artículo. Una polémica que le ha valido al Ejecutivo valenciano los reproches de la Universidad de Valencia y de la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE), por considerar que su actitud constituye un ataque a la autonomía universitaria.La portavoz del Consell, Alicia de Miguel, contestó ayer con una evasiva al preguntarle si para aprobar el decreto el Consell ha contado con ese nuevo informe del CJC: "El decreto se basa en todas las valoraciones jurídicas que se han hecho desde el Gobierno", señaló. Según De Miguel, desde su "más absoluta competencia y dentro del más escrupuloso respeto a la autonomía universitaria", el Consell considera que el polémico artículo es "ilegal". Y por si hasta ahora no hubieran quedado claras las razones del Consell, añadió que éste "no comparte" el citado artículo "desde el punto de vista político".

En el decreto aprobado ayer el Consell asegura que la Universidad ha aplicado de forma "incorrecta" la normativa legal para considerar aprobada por la vía del silencio administrativo la modificación de sus estatutos. "No consta" en el expediente, señala, que la institución académica "haya solicitado la certificación de acto presunto". Un trámite legal que la Universidad sí considera debidamente cumplido.

Respecto a la cuestión de fondo, el Ejecutivo interpreta que la observación del CJC sobre la inseguridad jurídica producida por el hecho de no poder determinar "el alcance y efectos de la no superación de las pruebas de idiomas, no ha quedado resuelta por la última redacción" del artículo propuesta por la Universidad. Éste quedó así: "Quien obtenga una plaza se someterá, en su caso, a las evaluaciones del conocimiento de las lenguas que son oficiales en la Universidad de Valencia". Con esta redacción, el órgano consultivo, tras precisar que "solo procederá la obligatoriedad de la prueba en los supuestos en que así se justifique", consideraba que "la modificación del precepto se ajusta a la legalidad".

Pero el Consell estima que la precisión del CJC "denota la necesaria interpretación por falta de claridad de dicho precepto" y considera que "la expresión introducida es imprecisa e indeterminada ya que no especifica en qué supuestos se va a exigir la prueba mencionada". Por ello, el Ejecutivo considera que el citado artículo genera "inseguridad jurídica", y que, dada su "ambigüedad", puede considerarse que "incumple" lo dispuesto en el artículo 9.3 de la Constitución, en lo que se refiere al derecho a la seguridad jurídica.

Alicia de Miguel aseguró que "la aprobación y subsiguiente publicación" de los Estatutos "demuestra que no existe conflicto" con los mismos, sino únicamente con el artículo en cuestión, por lo que "no se paraliza" el funcionamiento de la Universidad. El Consell, añadió, "no desea hacer polémica" de esta cuestión, pero por su "responsabilidad y el compromiso adoptado ante los ciudadanos no puede ni debe ser una mera comparsa para aprobar algo que considera ilegal y de lo que discrepa políticamente".

El Gobierno valenciano también decidió ayer aplicar medidas cautelares para preservar el parque natural de l'Albufera mientras se tramita el plan rector. También dio luz verde a un convenio con el Estado "para la publicación de las leyes en lengua valenciana" en el BOE.

Por otra parte, De Miguel explicó que el Consell presentará el próximo día 24 sus alegaciones a las propuestas de trazado del AVE Madrid-Valencia. Según la portavoz, el Gobierno valenciano tiene "una cierta disposición a favor del trazado centro, sin descartar los demás".