La Junta acusa al Gobierno de poner trabas a la cría del águila imperial

La Consejería de Medio Ambiente ha llevado a la Fiscalía al Ministerio de Medio Ambiente, cuya responsable en funciones es Isabel Tocino, por entorpecer la cría de aguila imperial ibérica en la finca que posee en Lugar Nuevo (Jaén). En esta zona, según denunció ayer el director general de Gestión Medioambiental de la Junta, Juan María Cornejo, se están haciendo trabajos silvícolas sin autorización justo debajo del nido en el que una pareja está criando un huevo.El aguila imperial ibérica es la rapaz en mayor peligro de extinción de Europa y una de las tres más amenazadas de todo el mundo. Su n...

La Consejería de Medio Ambiente ha llevado a la Fiscalía al Ministerio de Medio Ambiente, cuya responsable en funciones es Isabel Tocino, por entorpecer la cría de aguila imperial ibérica en la finca que posee en Lugar Nuevo (Jaén). En esta zona, según denunció ayer el director general de Gestión Medioambiental de la Junta, Juan María Cornejo, se están haciendo trabajos silvícolas sin autorización justo debajo del nido en el que una pareja está criando un huevo.El aguila imperial ibérica es la rapaz en mayor peligro de extinción de Europa y una de las tres más amenazadas de todo el mundo. Su nivel de reproducción, añadió el responsable de la Consejería de Medio Ambiente, está en una situación crítica y no está contando con el apoyo de una administración, en este caso el Gobierno central, "que debería tener una actitud ejemplarizante".

Operación abierta

Juan María Cornejo informó también de que continúa abierta la operación policial que desembocó el mes pasado en la detención de cuatro personas por tráfico y tenencia de especies protegidas. La operación se inició en Benalmádena (Málaga) y prosiguió en Jaén.

Los detenidos son el farmacéutico de Jaén M. C. R., una persona que trabaja para él, un vecino de Granada y otro residente en Málaga. Los dos primeros están acusados de robar dos crías de aguila imperial en 1998, otro de actuar como intermediario en la operación y el último de poseer los ejemplares y tenerlos en exhibición.

La operación la desarrolla la Policía autonómica en colaboración con la Consejería de Medio Ambiente y el asesoramiento científico de la Estación Biológica de Doñana (EBD). Los detenidos se enfrentan a una pena de tres años de prisión y a multas que pueden llegar a los 50 millones de pesetas. "La Consejería cree que hay pruebas suficientes para que se produzca una sentencia ejemplar", dijo Cornejo, que se mostró partidario de que la justicia "sea dura" con estos casos.