La revuelta que China ocultó
Más de 20.000 trabajadores y sus familias se enfrentaron durante tres días a finales de febrero a la policía y el Ejército en la ciudad minera de Yangjiazhangzi, en el noreste de China, en uno de los más graves incidentes conocidos de agitación obrera de los últimos años, según han revelado ahora testigos. Los mineros se rebelaron ante la pérdida de sus trabajos y por la supuesta corrupción de los funcionarios que controlan esta accidentada región de China, a 400 kilómetros al noreste de Pekín. Incendiaron coches, levantaron barricadas en las calles, rompieron escaparates y quemaron bidones de...
Más de 20.000 trabajadores y sus familias se enfrentaron durante tres días a finales de febrero a la policía y el Ejército en la ciudad minera de Yangjiazhangzi, en el noreste de China, en uno de los más graves incidentes conocidos de agitación obrera de los últimos años, según han revelado ahora testigos. Los mineros se rebelaron ante la pérdida de sus trabajos y por la supuesta corrupción de los funcionarios que controlan esta accidentada región de China, a 400 kilómetros al noreste de Pekín. Incendiaron coches, levantaron barricadas en las calles, rompieron escaparates y quemaron bidones de gasolina en sus protestas, que fueron finalmente sofocadas por un destacamento del Ejército Popular de Liberación, según los testigos.El estallido de Yangjiazhangzi puso de relieve el desafío al que se enfrenta el Gobierno chino en su intento de cerrar las empresas propiedad del Estado, dejando a millones de obreros sin trabajo. Este desafío se torna todavía más decisivo en un momento en el que China se prepara para entrar en la Organización Mundial de Comercio, un paso que aumentará la competencia cuando sus mercados se abrán más a las empresas extranjeras.
Los disturbios también han servido para ilustrar el papel de la corrupción como fuente de protestas en China. Muchos de los trabajadores preguntados el pasado martes afirmaron que no hubieran tomado las calles si pensaran que las reformas de las empresas públicas se estaban realizando de manera limpia. "Es obvio que los líderes nos están engañando", dice Wang Jian, de 56 años, que ha trabajado en la mina desde que tenía 19. "Han vendido parte de la mina a sus amigos. También han vendido todos los camiones de la mina. Pero nosotros no hemos visto ese dinero. No hay una contabilidad abierta. Se lo han comido y bebido".
Las protestas no fueron recogidas por los medios de comunicación, controlados por el Gobierno chino. Sin embargo, informaciones sobre los conflictos llegaron recientemente a Pekín y lo sucedido pudo ser reconstruido el martes mediante entrevistas a una docena de personas que residen en la ciudad. Un recorrido por Yangjiazhangzi revelaba un desolado paisaje de pequeños comercios cerrados. En el centro de la localidad, de unos 30.000 habitantes, las ventanas del principal garage de la mina habían sido destrozadas. Un bloque de edificios más allá yacía carbonizado el esqueleto de un coche. En un mercado, hombres y mujeres vendían productos que nadie parecía querer. Un hombre pregonaba su mercancía junto a una pila de zapatos. Una mujer que vestía un viejo jersey vendía revistas de principios de los ochenta.
El conflicto se ha estado incubando en la mina de Yangjiazhangzi durante meses. La mayor parte de la instalación, que producía molibdeno y era la mayor mina no férrica del continente, cerró en noviembre. El molibdeno es un metal usado en la fabricación de cohetes, aviones y máquinas de rayos X, por su resistencia a las altas temperaturas.
Muchos trabajadores como Wang afirman que no han sido pagados desde principios del año pasado. "Hubo momentos de hambre en mi edificio", dice uno de ellos, que dice llamarse Cui aunque reconoce que no quiere dar su verdadero nombre. "El Gobierno proporcionó algo de arroz y aceite a los hambrientos, pero no mucho".
En febrero, la mina anunció un paquete de indemnizaciones. Pagaría a cada trabajador 68 dólares (11.700 pesetas) por cada año trabajado, pero los mineros tendrían que contribuir a la seguridad social y a los seguros médicos con esa cantidad. Sesenta y ocho dólares es una cantidad ínfima, incluso para una región devastada por la pobreza como el sureste de China. Una familia de tres miembros puede vivir con ese dinero durante un mes, pero escasamente.
Zhang Jianguo, de 53 años, dice que él y su mujer han trabajado 35 años en la mina. Les dieron 2.380 dólares (410.000 pesetas), pero cuando descontaron los gastos de la seguridad social y el seguro, se quedaron con unos 500 (86.000 pesetas). "Eso durará 10 meses", se lamenta Zhang. "Después... ¿qué voy a hacer? ¿qué vamos a comer?".
Un chiste local dice que los mineros que se casaron con hijas de granjeros son ahora los más felices del lugar: pueden irse a casa y plantar verduras.
Según los testimonios de los habitantes de la ciudad, miles de trabajadores se congregaron ante la sede de los dirigentes de la mina y pidieron ver a los funcionarios. Éstos no aparecieron. Sí lo hizo el alcalde pero su discurso sólo sirvió para enfurecer a la multitud, que bloqueó las puertas de acceso al edificio. Algunos trabajadores comenzaron a volcar coches y a prenderlos fuego.
Una de las principales quejas es que partes de la mina han sido transferidas a supuestos amigos y familiares de autoridades locales. Durante una visita a las instalaciones el pasado martes, los trabajadores afirmaron que una parte de la mina funciona todavía pero es ahora propiedad de particulares que la compraron o a quienes les fueron concedidos derechos sobre la misma.
"El proceso fue totalmente opaco", dice He Binghan, de 42 años, un conductor que todavía trabaja en uno de los pozos. "Nosotros los mineros hemos trabajado aquí por China, por el Partido Comunista, desde la revolución. Y ahora, de pronto, mi parte de la mina es privada y nadie me ha explicado cómo".
La policía respondió desde dos pequeñas ciudades cercanas, pero los manifestantes rodearon sus coches y camiones, según los testimonios. Efectivos policiales fueron llevados en autobús al lugar y dispararon gases lacrimógenos a la multitud. Las protestas continuaban y los funcionarios del Gobierno expresaron su temor a que los mineros usaran la dinamita empleada en la mina para repeler a las autoridades.
Dos días después, el Ejército entró en la ciudad, hizo algunos disparos y restauró el orden. Hubo heridos en ambos bandos aunque no se ha informado de ninguna víctima mortal. Los trabajadores dicen que 20 o 30 mineros fueron detenidos acusados de destrozar propiedad pública.
Un cártel firmado por la Oficina de Seguridad Pública local ha sido colgado en los muros de la ciudad advirtiendo a sus habitantes sobre la extensión de rumores, el destrozo de coches, el apedreamiento de edificios públicos y la quema de bidones de gasolina.