Anticorrupción se querella por cohecho contra la tránsfuga socialista que dio Ceuta al GIL
La Fiscalía Anticorrupción ha presentado una querella contra el presidente de Ceuta, Antonio Sampietro, del GIL; su esposa, Carmen Seco; la tránsfuga socialista Susana Bermúdez y el marido de ésta, Francisco Cazalla, por un supuesto delito de cohecho, consistente en la concesión de beneficios económicos para Bermúdez a cambio de que con su voto diera el Gobierno de la ciudad al GIL. Aunque la argumentación de la querella es un tanto endeble, según fuentes de la Fiscalía del Estado, Anticorrupción intentará que un jurado popular se pronuncie sobre el caso.
La querella presentada ahora se...
La Fiscalía Anticorrupción ha presentado una querella contra el presidente de Ceuta, Antonio Sampietro, del GIL; su esposa, Carmen Seco; la tránsfuga socialista Susana Bermúdez y el marido de ésta, Francisco Cazalla, por un supuesto delito de cohecho, consistente en la concesión de beneficios económicos para Bermúdez a cambio de que con su voto diera el Gobierno de la ciudad al GIL. Aunque la argumentación de la querella es un tanto endeble, según fuentes de la Fiscalía del Estado, Anticorrupción intentará que un jurado popular se pronuncie sobre el caso.
La querella presentada ahora se refiere al caso de transfuguismo registrado en Ceuta tras las elecciones locales de junio de 1999, de las que surgió un Gobierno de coalición entre el PSOE, el PP y el Partido Democrático y Social (musulmán) para cerrar el paso al GIL, la fuerza más votada. El 9 de agosto siguiente, la diputada socialista Susana Bermúdez firmó la moción de censura del GIL contra el presidente, Jesús Fortes, del PP, y propició que su líder, Antonio Sampietro, le arrebatara el puesto.Según la querella, entre la fecha de las elecciones y el 9 de agosto "se produjeron negociaciones" entre Bermúdez y los integrantes del GIL, "a las que no fue ajeno Francisco Cazalla", marido de la socialista, cuyo objetivo fue el ofrecimiento de "ventajas o beneficios profesionales, de contenido económico", que también alcanzaban a este último.
Un día después de presentarse la moción de censura, la esposa de Sampietro, María del Carmen Seco, adquirió un paquete de vacaciones en una agencia de viajes consistente en una estancia de seis días en París para ella misma y una hija suya, así como para Bermúdez, sus dos hijos y otra persona, Juan Carlos Aguilar, "cuya identidad no está del todo acreditada". El importe fue de 961.992 pesetas, incluidos el 15% de comisión de la agencia y el 16% del IVA.
La Fiscalía Anticorrupción asegura que Seco tiene un sueldo desde el 1 de abril de 1997 de 278.665 pesetas netas mensuales como ATS y que "no consta que en aquellas fechas hubiera dispuesto de cantidad suficiente para el pago de dicho viaje, por lo que en este momento no se ha podido acreditar el origen de aquellos fondos".
"Resulta evidente", según el fiscal, "que el abandono del grupo parlamentario al que pertenecía [por parte de Bermúdez] y el cambio del sentido del voto tuvo una inmediata remuneración conforme a lo previamente pactado".
"Pero no acaban ahí los beneficios obtenidos por la diputada", agrega, ya que "Sampietro, como presidente de Ceuta y en el ejercicio abusivo de sus facultades (...) la nombra consejera de Cultura y Patrimonio (...), con una retribución íntegra de catorce mensualidades de 415.751 pesetas".
El fiscal señala que, en el informe de la Seguridad Social, Bermúdez tiene acreditada una cotización de cuatro años, once meses y 28 días y que hasta que fue nombrada diputada trabajó en Teleceuta, en el hospital de la Cruz Roja y en la Confederación de Asociaciones de Vecinos. Su marido y ella presentaron liquidaciones conjuntas de 2,5 y 3,4 millones en los dos años anteriores, por lo que sus ingresos se vieron "sustancialmente incrementados" tras el cambio del voto.
La querella también da cuenta de que el esposo de Bermúdez, Francisco Cazalla, que trabajaba como administrativo en el puerto ceutí por tres millones de pesetas anuales, ha pasado a cobrar 389.766 mensuales más 100.00 anuales de gastos de representación como viceconsejero de Participación Ciudadana.
El fiscal pide también que se investigue a un hermano de la tránsfuga que en septiembre de 1999 se compró un Mercedes por 850.000 pesetas.
Anticorrupción pide la admisión de la querella y, dado que el delito de cohecho está comprendido entre los previstos por la Ley del Jurado, interesa que se adopten las previsiones oportunas para que los hechos se sometan al veredicto de un jurado popular.