Gas Natural

Enagas frente a Gas Natural (350,8 millones de euros de beneficio neto en el 99), participada mayoritariamente por Repsol, privatizada y teóricamente liberalizada, está tratando de llevar a cabo, aceleradamente en el territorio nacional, una política expansiva en la instalación de redes de distribución de gas combustible. Esto con el claro objetivo de convertirse en el único operador del país en este área y por tanto, en auténtico monopolio, para forzar los precios de peaje para el transporte de gases que, en teoría debieran de estar regulados.Pero la ley 34/1998 de 7 de octubre del sect...

Enagas frente a Gas Natural (350,8 millones de euros de beneficio neto en el 99), participada mayoritariamente por Repsol, privatizada y teóricamente liberalizada, está tratando de llevar a cabo, aceleradamente en el territorio nacional, una política expansiva en la instalación de redes de distribución de gas combustible. Esto con el claro objetivo de convertirse en el único operador del país en este área y por tanto, en auténtico monopolio, para forzar los precios de peaje para el transporte de gases que, en teoría debieran de estar regulados.Pero la ley 34/1998 de 7 de octubre del sector de hidrocarburos aún sigue sin desarrollarse, dando lugar a enfrentamientos como los surgidos en el pasado mes de diciembre con la petrolera Cepsa o, convirtiendo en papel mojado las licencias concedidas a Endesa, Iberdrola,Hidrocantábrico, Cepsa, BP Amoco, etc., para la comercialización de gas natural. En estos días, parece ser que, el gobierno está tomando cartas en el asunto interviniendo en el peaje.

Del ansia expansiva y voracidad de la citada empresa gasística tenemos buena muestra en alguna comunidad, auspiciada por las Consejerías de Industria. Éstas, a instancias de la compañía gasística desestiman cualquier tipo de alegación, con respuestas inexactas y vagas, en favor de la primera, con el claro objetivo de abaratarle los costos, en detrimento de los derechos e intereses de los afectados, como si no hubiera sido suficiente el regalo que obtuvo en el proceso de privatización durante el año 1994, si las declaraciones del ministro Rodrigo Rato y las denuncias de IU, fueran ciertas.

Al ciudadano de a pie, no versado en planteamientos jurídicos, algunos aspectos de la ley 34/1998 de hidrocarburos, aún sin desarrollar, por las que la Consejería de Industria declara de utilidad pública estas redes, le causan cierta confusión.

En la Exposición de Motivos se dice: "Se suprime en el sector del gas la consideración de servicio público", afrimando en el siguiente párrafo "A diferencia del sector eléctrico cuyos suministros son considerados de carácter esencial,...", y en la tramitación de expedientes por parte de las Consejerías de Industria se alude al articulado de la citada Ley, a efectos de declararlas de utilidad pública.

Las Consejerías de Industria, han otorgado concesiones administrativas para instalación de líneas con presiones de diseño por encima de 60 bares que, en concordancia con el artículo 59.2a formarían parte de las redes básicas, en cuyo caso la tramitación de expedientes sería competencia de la Administración del Estado (artículo 3.2.c), y estaríamos frente a una irregularidad.- .