Tarancón afirma que retirará el concierto al María de Icíar si no salda sus deudas fiscales el próximo curso
El colegio de pago María de Icíar (Riba-roja del Turia), que Trabajo investiga desde 1995 por un fraude a la Seguridad Social que asciende ya a 168 millones, seguirá concertado el próximo año, ya que la orden del 26 de julio por la que se aprobó el polémico paquete de diez conciertos con centros de élite y vinculados al Opus Dei está vigente hasta que finalice el curso 2000-2001. Ésta es la posición que sostuvo ayer el consejero Manuel Tarancón en su comparecencia en la comisión de Educación en las Cortes. Tarancón adelantó, sin embargo, que la consejería tiene conocimiento de que las deudas t...
El colegio de pago María de Icíar (Riba-roja del Turia), que Trabajo investiga desde 1995 por un fraude a la Seguridad Social que asciende ya a 168 millones, seguirá concertado el próximo año, ya que la orden del 26 de julio por la que se aprobó el polémico paquete de diez conciertos con centros de élite y vinculados al Opus Dei está vigente hasta que finalice el curso 2000-2001. Ésta es la posición que sostuvo ayer el consejero Manuel Tarancón en su comparecencia en la comisión de Educación en las Cortes. Tarancón adelantó, sin embargo, que la consejería tiene conocimiento de que las deudas tributarias de la titular del centro, Begoña Rey de Arteaga, se extienden también a Hacienda y precisó que "de no corregirse esta situación durante el curso 2000-2001, se le retirará el concierto". El coste del concierto con el María de Icíar es de 64 millones por cuatrimestre, de los cuales dos tercios se pagan directamente en forma de nómina delegada al profesorado y a la Seguridad Social. El resto, 801.868 pesetas fueron embargadas por orden de la Tesorería de Trabajo, al destaparse el escándalo en noviembre pasado.Los portavoces de Educación del PSPV, Baltasar Vives, y de Esquerra Unida (EU), Ramón Cardona, apelaron ayer al estado de quiebra financiera del María de Icíar, que era vox populi entre la comunidad educativa, y sugirieron que con la fórmula de concierto la Administración trata de "reflotar económicamente" a algunas empresas. Tarancón negó este extremo y justificó la subvención asegurando que, desde que se fracciona el pago en forma de nómina delegada al profesor, "el concierto es la máxima garantía de la parte social de los colegios concertados". El silogismo, sin embargo, no explica por qué el Consell sigue financiando el coste del profesorado de una empresa técnicamente en quiebra. Cardona pidió explicaciones al respecto y emplazó al consejero a que "la consejería actúe legalmente contra el centro, por el engaño de que fue objeto".
Educación, que siempre ha sostenido que fue engañada por la empresa, ya que el titular del NIF al que se concedió el concierto no figuraba como deudor, no ha presentado aún ninguna querella contra la empresa que supuestamente defraudó a la Seguridad Social, de la que dijo, "es corresponsable" Rey de Arteaga. "Educación no puede convertirse en una Consejería de Trabajo", replicó. Tarancón adelantó que tras el escándalo, ha modificado la normativa para endurecer los controles fiscales, y trabaja en coordinación con otras dependencias para evitar futuras irregularidades.
Respecto a la parálisis en las construcciones escolares, que cifró en un total de 19 nuevos centros de Primaria y Secundaria, Tarancón explicó que "la política económica del PP, que ha logrado el pleno empleo en sectores como la construcción, está provocando el retraso del mapa escolar", ya que los concursos quedan desiertos y hay empresas adjudicatarias que renuncian para dedicarse a otros proyectos.