Almunia adquiere 18 compromisos para sus primeros 100 días de gobierno con IU
El líder socialista asegura que el acuerdo con IU marcará la inflexión del futuro de España
El candidato socialista, Joaquín Almunia, se comprometió ayer con los ciudadanos a cumplir en sus 100 primeros días de gobierno, en caso de ganar las elecciones generales del próximo domingo, un contrato político con 18 compromisos puntuales. Almunia resaltó que este programa, que va a desarrollar, dijo, con el apoyo de Izquierda Unida, se basa en políticas de bienestar para la mayoría de los ciudadanos y en un cambio en las actitudes y en los valores que han guiado durante estos cuatro años al Gobierno del PP. José María Aznar, enfatizó, "no merece un nuevo depósito de confianza".
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El candidato socialista, Joaquín Almunia, se comprometió ayer con los ciudadanos a cumplir en sus 100 primeros días de gobierno, en caso de ganar las elecciones generales del próximo domingo, un contrato político con 18 compromisos puntuales. Almunia resaltó que este programa, que va a desarrollar, dijo, con el apoyo de Izquierda Unida, se basa en políticas de bienestar para la mayoría de los ciudadanos y en un cambio en las actitudes y en los valores que han guiado durante estos cuatro años al Gobierno del PP. José María Aznar, enfatizó, "no merece un nuevo depósito de confianza".
El secretario general del PSOE, Joaquín Almunia, quiso revestir de solemnidad el anuncio de las 18 medidas "del Gobierno progresista" que se compromete a desarrollar en los 100 primeros días de mandato. Al hablar de Gobierno, Almunia debió considerar incompatible hacerlo en un marco con símbolos y signos de su partido, por lo que despojó de banderolas y rosas y puños la sala donde lanzó sus propuestas. Durante media hora abandonó el lenguaje mitinero y en tono pausado leyó una declaración de 10 folios sin que se permitiera hacer preguntas.Las iniciativas, que ya habían sido avanzadas durante estos días de campaña, dejan patente cuáles son las prioridades de Almunia. El cabeza de cartel de IU, Francisco Frutos, hará públicas hoy las suyas, con intención de sumarlas a las del PSOE.
"Éste es mi contrato político con los ciudadanos: el que como presidente del Gobierno quiero cumplir si el próximo día 12 los ciudadanos nos dan su apoyo y por el que quiero que me pidan responsabilidades", dijo Almunia. "Hoy pido confianza para aplicarlo. Y, al cabo de este periodo, los ciudadanos estarán en condiciones de comprobar que mi Gobierno habrá cumplido el compromiso que hoy hago público".
El candidato socialista colocó como primera de sus medidas la convocatoria con carácter inmediato de las fuerzas parlamentarias y del Gobierno vasco para "rehacer el consenso en la lucha contra el terrorismo y definir entre todos una estrategia de pacificación y normalización de la situación del País Vasco en el marco del Estatuto de Gernika". "La situación en el País Vasco", subrayó, "es especialmente preocupante. El terrorismo ha vuelto a actuar, mientras el consenso entre las fuerzas democráticas que se forjó durante el último decenio ha dejado de existir por la radicalización de unos y la prepotencia y el partidismo de otros".
El alza de las pensiones mínimas y no contributivas, incluyendo el abono, por una sola vez, de una paga extra de 28.000 pesetas; el cierre de las centrales nucleares de Zorita y Garoña; el adelanto de la extinción del servicio militar obligatorio al 31 de diciembre de este mismo año; la derogación de la normativa que autoriza las fundaciones públicas sanitarias y la vuelta atrás en la supresión de la financiación pública de los medicamentos con eficacia terapéutica son otras de las medidas prioritarias que leyó Almunia. El líder del PSOE concretó asimismo algunas de las rebajas urgentes que tiene previstas para los consumidores. Por ejemplo, la reducción de la tarifa eléctrica en un 4,5% de promedio global, la anulación de la subida prevista para las tarifas telefónicas y la aprobación de una tarifa plana de conexión a Internet.
En este bloque de prioridades, Almunia incluye un canon sobre los beneficios extraordinarios de las empresas privatizadas, por importe global de 500.000 millones de pesetas, que servirían para alimentar el Fondo de Reserva de Pensiones de la Seguridad Social.
El Gobierno de Almunia cortaría igualmente en sus primeros 100 días los abusos de las empresas de trabajo temporal; aprobaría un proyecto de ley para reforzar la independencia del Tribunal de Defensa de la Competencia; enviaría al Parlamento el Plan Hidrológico Nacional, y aprobaría un proyecto de ley de modificación del impuesto sobre la renta que establezca una tributación más favorable a las rentas del trabajo.
Impulsaría también con prioridad el debate parlamentario urgente de un nuevo Reglamento del Congreso en el que se prevea el sometimiento obligatorio y periódico del presidente del Gobierno a preguntas e interpelaciones de la oposición y la constitución de comisiones de investigación sin las trabas actuales; aprobaría un proyecto de ley de financiación de los partidos políticos en el que se garantice la transparencia de las aportaciones privadas y se refuerce el control por parte del Tribunal de Cuentas; promovería la ratificación por España del Estatuto del Tribunal Penal Internacional; aprobaría un calendario de condonación de la deuda que tienen con España los diez países más pobres, y promovería un diálogo regular entre el presidente del Gobierno y los presidentes autonómicos.
La última de las medidas se refiere al nombramiento por una mayoría de tres quintos del director general de RTVE.
La crítica implacable al Gobierno de José María Aznar y sus intenciones ocuparon buena parte de la intervención de Almunia, en la que reivindicó en todo momento el acuerdo de Gobierno suscrito con IU. Un pacto, dijo, "en torno a 11 puntos que marcan la inflexión del futuro de España y en los que se señalan las decisiones principales que el próximo Gobierno progresista adoptará en relación con la educación, el empleo, las pensiones, la sanidad y el bienestar social, la innovación e investigación, el medio ambiente, la política económica, la política fiscal, la política autonómica, la política exterior y de seguridad, el terrorismo y la reforma institucional".
La primera medida del Gobierno de Almunia sería recomponer el consenso sobre el País VascoFomento deja sin adjudicar parte del 'macrotúnel' del tren veloz a Valladolid
El Consejo de Administración de Gestor de Infraestructuras Ferroviarias (GIF), organismo dependiente del Ministerio de Fomento, adjudicó ayer sólo tres de los cinco tramos del macrotúnel del tren veloz a Valladolid, una galería doble de 25 kilómetros bajo la sierra del Guadarrama. Los consorcios encabezados por Dragados, OHL y ACS serán los encargados de llevar a cabo estos trabajos, mientras que el formado por Ploder, DumezGTM y Azvi ha quedado fuera del concurso. Este último presentará recurso ante los tribunales.Un portavoz de DumezGTM recordó ayer que este consorcio recurrirá la decisión de Fomento tanto ante el Tribunal de la Competencia como ante los tribunales europeos. Esta constructora señala que su oferta era la más económica [24.000 millones más barata que la más alta] y la que contaba con más experiencia en la construcción de túneles en roca del mundo.
El presidente de GIF, Emilio García Gallego, explicó ayer en Valladolid que los contratos adjudicados superan los 114.000 millones de pesetas y que se distribuyen de la siguiente manera: el primer tramo es para el consorcio formado por Necso, Dragados y Tecsa (40.041 millones de pesetas y 49 meses de duración). El segundo tramo, con un plazo de ejecución de 51 meses y 40.024 millones de pesetas de inversión, fue para OHL, Guinovart, Comsa, Sacyr y Hochietf. El tercer tramo se adjudicó a las empresas ACS, FCC, Vías y Construcciones y Ferrovial-Agromán, que construirán el trazado en 57 meses y con un presupuesto de 34.000 millones.
Los tramos resueltos corresponden sólo a las tres cuartas partes del túnel de doble galería. Los dos ramales que quedan por adjudicar son una cuarta parte del recorrido bajo la sierra, la salida del túnel y la llegada a Segovia.
Respecto al anuncio de recurrir la concesión, García Gallego insistió en que aún quedan dos tramos por fallar y que "cada licitador está en su derecho de recurrir".