Gil culpa a su ex abogado de una presunta estafa en un trato urbanístico
El alcalde de Marbella, Jesús Gil y Gil, volvió ayer a achacar al que fue su abogado durante 20 años, José Luis Sierra, toda la responsabilidad en otra de las querellas interpuestas contra él por un tema urbanístico. En este caso la cesión a una entidad bancaria de dos fincas con las que se había compensado a la familia Martínez Higuero, por la mitad indivisa del paraje de Puerto Rico, del que eran propietarios junto a la familia del ministro de Fomento, Rafael Arias-Salgado.
Los hermanos Martínez Higuero presentaron una querella por estafa contra Jesús Gil en noviembre del pasado año, ...
El alcalde de Marbella, Jesús Gil y Gil, volvió ayer a achacar al que fue su abogado durante 20 años, José Luis Sierra, toda la responsabilidad en otra de las querellas interpuestas contra él por un tema urbanístico. En este caso la cesión a una entidad bancaria de dos fincas con las que se había compensado a la familia Martínez Higuero, por la mitad indivisa del paraje de Puerto Rico, del que eran propietarios junto a la familia del ministro de Fomento, Rafael Arias-Salgado.
Los hermanos Martínez Higuero presentaron una querella por estafa contra Jesús Gil en noviembre del pasado año, después de comprobar que el Ayuntamiento marbellí había cedido al Natwest, hoy Solbank, los terrenos que ellos habían recibido a su vez como permuta.La historia se remonta al 23 de julio de 1990, cuando el pleno municipal, entonces gobernado por el PSOE, propuso a la familia Martínez Higuero una compensación de suelo urbanizable en la zona de Nagüeles por su parte del paraje Puerto Rico, que el consistorio pensaba destinar a parque municipal.
El acuerdo se revocó con la llegada de Gil a la alcaldía de la ciudad, que firmó un nuevo convenio por el que estos recibían dos parcelas en La Pepina. La tasación de las fincas intercambiadas se fijó en 235 millones de pesetas, el mismo precio que las que se entregaron a la familia Arias-Salgado por su parte de la finca.
Sin embargo, cuando los propietarios de la otra mitad indivisa de Puerto Rico fueron a elevar el convenio a escritura pública en julio de 1996 descubrieron que las parcelas habían sido cedidas a una entidad bancaria.
Gil, que declaró ayer como imputado en el Juzgado número 2 de Marbella en relación con esta querella, señaló: "Habrá que preguntar al jefe de la asesoría jurídica de entonces, que era el que formaba parte en nombre del Ayuntamiento de la junta de compensación de La Pepina, que es lo que pasó, por qué se cambian estas parcelas y no se entregaron a la gente a la que había acordado el pleno". La referencia no deja lugar a dudas, ya que en aquella fecha el que estaba al frente del gabinete jurídico era José Luis Sierra.
Gil insistió en que su única intervención se limitó a la firma del convenio, y explicó que "después de indagar es evidente que hay cosas muy raras". El Ayuntamiento se plantea ahora renegociar el convenio suscrito con los Martínez Higuero, aunque según Jesús Gil "el juzgado debe investigar por qué alguien se encargó de que no les dieran las propiedades que se habían pactado en un principio".