La concentración del poder económico

Antes del atentado de ETA, los principales partidos políticos ya habían establecido una agenda real para la precampaña electoral. Mientras el PP, sobre todo a través de José María Aznar, intentaba acentuar las diferencias con los socialistas alrededor de la Constitución y el modelo de Estado -una divergencia política-, el PSOE hacía lo propio con los conservadores en algunos aspectos relacionados paradójicamente con la economía, en la que el PP puede presentar el medallero más repleto de la legislatura.Siendo complicado arremeter contra el PP en aspectos macroeconómicos como el control de ...

Antes del atentado de ETA, los principales partidos políticos ya habían establecido una agenda real para la precampaña electoral. Mientras el PP, sobre todo a través de José María Aznar, intentaba acentuar las diferencias con los socialistas alrededor de la Constitución y el modelo de Estado -una divergencia política-, el PSOE hacía lo propio con los conservadores en algunos aspectos relacionados paradójicamente con la economía, en la que el PP puede presentar el medallero más repleto de la legislatura.Siendo complicado arremeter contra el PP en aspectos macroeconómicos como el control de la inflación (a pesar de que en el último ejercicio se haya ido de la mano y los pronósticos no sean buenos), la generación de empleo, la reducción de tipos de interés o el crecimiento económico, los socialistas han encontrado un nicho de ataque en algunos efectos colaterales de éste, sobre todo en lo referido a la concentración de poder a través del proceso de privatizaciones, y en la aparición de una nueva oligarquía (que sustituiría en el imaginario colectivo a la antigua beautiful people) mezcla de intereses económicos, políticos y mediáticos, de la que Telefónica sería su buque insignia y Juan Villalonga su capitán.

Lo dijo en lenguaje radiofónico y buscando, como siempre, los buenos titulares Alfredo Pérez Rubalcaba: "Un ciudadano se levanta por la mañana y enciende la luz y normalmente le está pagando algo a Endesa, que hoy es de Martín Villa; coge el coche, echa gasolina y le está pagando algo a Cortina, al que puso Aznar al frente de Repsol y hoy es privada; llega a su oficina, se fuma un cigarro y aparece Alierta, que es otro de los que puso Aznar al frente de Tabacalera y que hoy es privada; descuelga el teléfono y le paga stock options a Villalonga; y va al banco y tiene para elegir a Francisco González o a Blesa; o puede decir que se va de vacaciones y tiene a Trasmediterránea, Iberia e incluso las autopistas; y si al ciudadano se le ocurre morirse, yo le diría que tenga ciudado porque la funeraria en Madrid también está en manos de amigos de Aznar, que la compraron por una peseta".

Más elaborada (aunque con debilidades de matiz en su análisis), la tesis de la concentración de poder está siendo utilizada abundantemente por el candidato a la presidencia del Gobierno Joaquín Almunia y por los técnicos del PSOE. La descripción del problema es la siguiente: la forma más directa de identificar el proceso de concentración económica es acudir al Ibex 35 y ponerlo en relación con el PIB. En la actualidad, las empresas que cotizan en ese índice tienen un valor de mercado cercano a los 52 billones de pesetas, lo que supone alrededor del 60% del PIB español. De las 35 empresas del Ibex, 11 han pasado a lo largo de la legislatura por un proceso de privatización: Aceralia, Altadis, Amadeus, Argentaria, Endesa, Gas Natural, Indra, Repsol, Telefónica, TPI y Terra. Siempre según datos del PSOE, la capitalización de estas 11 empresas privatizadas asciende a 29 billones de pesetas, lo que supone el 57% del valor de mercado global de las empresas del Ibex. Salvo en el caso de Indra, en todas ellas el Gobierno ha elegido al presidente de la empresa privatizada, lo que supone que el PP ha elegido al máximo gestor de las empresas que suponen la mitad del mercado bursátil español.

El proceso de concentración económica experimentado en España es parecido al que se está dando en el contexto internacional. Los socialistas denuncian, sin embargo, que lo peculiar de la experiencia española es que, salvo en el caso de alguno de los grupos bancarios, las empresas que han servido para llevarlo a cabo provenían mayoritariamente del sector público, y sus máximos responsables han sido elegidos por el Gobierno. La anomalía se multiplica por el escaso protagonismo que tienen las agencias nacionales de regulación: la Comisión Nacional del Mercado de Valores, la Comisión de las Telecomunicaciones y la Comisión Eléctrica. Y es que, como dice Nacha Guevara, ya no hay revoluciones; sólo fusiones.