IU denuncia al gerente del cementerio de Málaga por el despido de un sindicalista El responsable de la sociedad municipal precintó el local del delegado de personal
Izquierda Unida sumó ayer una segunda denuncia, en poco más de tres días, contra Juan Oliva, gerente de Parcemasa, la empresa que gestiona el servicio de cementerios de Málaga recientemente municipalizada. Junto con el Sindicato de Trabajadores de Andalucía, IU presentó ante el juzgado de guardia una denuncia por "un intento de invasión de las dependencias sindicales" por parte del gerente que, tras despedir al único representante de los trabajadores en Parcemasa, ordenó abrir el local sindical en el recinto funerario.
Una docena de trabajadores del parque cementerio se concentró ayer e...
Izquierda Unida sumó ayer una segunda denuncia, en poco más de tres días, contra Juan Oliva, gerente de Parcemasa, la empresa que gestiona el servicio de cementerios de Málaga recientemente municipalizada. Junto con el Sindicato de Trabajadores de Andalucía, IU presentó ante el juzgado de guardia una denuncia por "un intento de invasión de las dependencias sindicales" por parte del gerente que, tras despedir al único representante de los trabajadores en Parcemasa, ordenó abrir el local sindical en el recinto funerario.
Una docena de trabajadores del parque cementerio se concentró ayer en apoyo del empleado despedido y amenaza con "dejar de prestar el servicio" hasta que se resuelva la situación. Ante la concentración, la gerencia de Parcemasa solicitó la presencia de la policía nacional para impedir que los representantes políticos y trabajadores accedieran a las dependencias del local sindical, que llegó a ser precintado por orden de la dirección de la empresa.Los hechos ocurrieron después de que Oliva comunicara por escrito al representante sindical José Luis Cortés su carta de despido de la empresa, justificado en un expediente que se le abrió por unos incidentes que presuntamente protagonizó Cortés en julio de 1999 tras una discusión con un trabajador de una subcontrata.
Según la comunicación de la empresa, el representante sindical "en horas de trabajo" discutió en la cafetería de Parcemasa con el trabajador e "insultó gravemente a otros empleados, en presencia de clientes del establecimiento". Según distintas fuentes, este expediente había prescrito, ya que transcurridos seis meses de su apertura no se había adoptado resolución alguna. Ayer, sin embargo, el delegado sindical recibió su carta de despido.
Esta situación se generó apenas dos días después de que Izquierda Unida denunciara el hallazgo de restos humanos incinerados que estaban en el interior de 12 bolsas, así como de la presencia de más de 600 lápidas funerarias usadas almacenadas en el sótano del recinto y que iban a ser reutilizadas como pavimento en el cementerio. El hallazgo motivó la apertura de un expediente por parte del Ayuntamiento de Málaga, al entender que el sótano no era lugar indicado para depositar los restos con huesos y las cenizas, que aún no se ha resuelto.
José Luis Portillo, portavoz adjunto de IU, consideró ayer el despido un "claro" acto de represalia sindical y acusó al PP de mantener al gerente en funciones, a pesar de que se hubiera municipalizado el servicio y haber anunciado su sustitución. El presidente del consejo de administración y concejal de Economía, Francisco Aguilar, eludió valorar los hechos y el despido e indicó que el lunes se reunirá con el gerente para conocer las razones de esta decisión, de la que aseguró no haber tenido conocimiento previo.
La muncipalización de Parcemasa, en la que dos constructoras tenían hasta ahora el 49% de las acciones, se está viendo rodeada de una continua polémica. IU ha pedido que se realice una auditoría urbanística del recinto pues sostiene que existen muchas deficiencias y que existen más de 4.000 nichos construidos por encima de las previsiones de enterramientos a corto plazo.
El equipo de gobierno que preside Celia Villalobos ha rescatado la gestión de Parcemasa por 1.200 millones de pesetas y en el acuerdo alcanzado con la parte privada exonera a ésta de cualquier responsabilidad sobre la obra civil, algo que según IU vulnera los acuerdos de constitución de la sociedad mixta. La cuantía acordada fue ratificada en pleno con los votos del PP, que tiene mayoría absoluta, pese a la existencia de un informe contrario del interventor municipal, que discrepaba de la cantidad a pagar por considerarla excesiva.