El juez imputa a Cartagena un delito de malversación de caudales
El juez decano de Orihuela, Marcos de Alba y Vega, imputa al ex consejero Luis Fernando Cartagena un delito de malversación de caudales públicos que podría ampliarse a otro de apropiación indebida, según consta en las diligencias que el magistrado ha remitido a la Fiscalía de la Audiencia de Alicante para su calificación. A Cartagena se le acusa de haberse apropiado de cerca de ocho millones de pesetas.
La malversación de caudales públicos es de libro, de manual de derecho penal, según indicaron ayer fuentes cercanas a la instrución de las diligencias contra el ex consejero de Obras Púb...
El juez decano de Orihuela, Marcos de Alba y Vega, imputa al ex consejero Luis Fernando Cartagena un delito de malversación de caudales públicos que podría ampliarse a otro de apropiación indebida, según consta en las diligencias que el magistrado ha remitido a la Fiscalía de la Audiencia de Alicante para su calificación. A Cartagena se le acusa de haberse apropiado de cerca de ocho millones de pesetas.
La malversación de caudales públicos es de libro, de manual de derecho penal, según indicaron ayer fuentes cercanas a la instrución de las diligencias contra el ex consejero de Obras Públicas, Luis Fernando Cartagena, por haberse apropiado, presuntamente, de cerca de ocho millones de pesetas que recibió de las monjas del antiguo hospital San Juan de Dios de Orihuela en 1993, cuando este centro público clausuró su actividad. En las diligencias se prueba que esos fondos nunca se contabilizaron ni ingresaron en el Ayuntamiento de Orihuela.El dinero lo entregó la monja responsable del hospital al entonces edil de Servicios Sociales del Consistorio oriolano, Mariano Ferrández, como liquidación de fondos. El concejal, aún en el gobierno local que preside el popular José Manuel Medina, declaró al juez que mantuvo el dinero durante algún tiempo guardado en su casa, escondido en un piano, y luego lo entregó al entonces alcalde. Nada más se supo de los fondos hasta que el grupo municipal socialista de Orihuela propició la intervención de la Fiscalía Anticorrupción.
El caso llegó a manos del juez decano de Orihuela, Marcos de Alba, titular del Juzgado de Primera Instancia de Instrucción 4, quien ya ha concluido el procedimiento abreviado, en el que aprecia un claro delito de malversación de caudales públicos, y espera la calificación del ministerio público para que se juzgue al ex miembro del Gobierno valenciano.
Cartagena alegó la prescripción del delito, aunque el juez la rechazó y mantiene una imputación que en principio también se formalizó por falsedad documental, aunque ahora ha quedado desestimada por falta de pruebas.
Cesiones de crédito
El ex consejero también está procesado por presunto delito fiscal en el caso de las cesiones de crédito del Banco de Santander, que instruye la magistrada de la Audiencia Nacional Teresa Palacio, un turbio asunto que motivó la dimisión del político al frente de la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes y truncó su carrera política. Cartagena fue alcalde de Orihuela, diputado provincial y nacional y consejero del Gobierno autonómico.
El fiscal jefe de la Audiencia, José Antonio Romero, se hizo cargo personalmente del caso, como suele hacer en todos los asuntos en los que se imputa a cargos públicos, y mantiene congelada su calificación, según fuentes cercanas al asunto.
El supuesto delito de falsedad documental, que en principio apreció el juez cuando recibió unas facturas con las que Luis Fernando Cartagena trató de probar que no se quedó con los cerca de ocho millones del hospital municipal, ha sido rechazado por falta de pruebas.
Cartagena presentó al juez comprobantes librados por la empresa constructora Limplac, SL, que justificaban el destino del dinero. Según la versión del ex consejero, los fondos se invirtieron en la rehabilitación de viviendas sociales de un barrio marginal de Orihuela.
El emisor de las facturas es el empresario Ángel Fenoll, persona vinculada al PP en La Vega Baja, condenado por comprar votos por correo para ese partido en las elecciones de 1991, y promotor de una maraña de empresas que han obtenido suculentas contratas municipales y han servido para dar trabajo a familiares directos de cargos públicos del PP. Los recibos han sido escrutados en la unidad de policía científica del Cuerpo Nacional de Policía con la siguiente conclusión: ni por el papel ni por la tinta se puede saber a ciencia cierta si esas facturas son verdaderas o falsas. Así que, sin pruebas, no hay acusación, a pesar de que el socio de Fenoll en Limplac, Manuel Alcántara, declaró al juez que los recibos eran falsos, extremo que creyó demostrado cuando se supo que esa cantidad no aparece reflejada en las cuentas de la mercantil.
Fue el fiscal jefe quien solicitó la ampliación de pruebas antes de que Cartagena se siente en el banquillo de los acusados.El juez, tras recibir el informe de la policía científica, ha decidido retirar la acusación de falsedad por la que en principio iban a responder Cartagena y el empresario Fenoll.