Reconciliación sí, olvido no

Hace unas semanas, y a raíz de la negativa del Partido Popular a apoyar una propuesta parlamentaria de condena al golpe militar que interrumpió el proceso democrático el día 18 de julio de 1936, se hizo referencia en algunos medios de comunicación a la necesidad de reconocer a la comunidad exiliada, es decir a las personas que por razones políticas tuvieron que dejar nuestro país, durante y/o después de la Guerra Civil. Como una de estas personas, quisiera hacer algunos comentarios surgidos a partir de aquella y otras experiencias más recientes. En realidad, uno de los hechos que me apenó más ...

Hace unas semanas, y a raíz de la negativa del Partido Popular a apoyar una propuesta parlamentaria de condena al golpe militar que interrumpió el proceso democrático el día 18 de julio de 1936, se hizo referencia en algunos medios de comunicación a la necesidad de reconocer a la comunidad exiliada, es decir a las personas que por razones políticas tuvieron que dejar nuestro país, durante y/o después de la Guerra Civil. Como una de estas personas, quisiera hacer algunos comentarios surgidos a partir de aquella y otras experiencias más recientes. En realidad, uno de los hechos que me apenó más a mi vuelta a España hace ya dos años fue el escaso conocimiento que mis estudiantes universitarios tenían de lo que fue el franquismo, percibiendo aquel régimen como un régimen conservador y autoritario aunque no especialmente represivo, percepción promovida por algunos historiadores y politólogos que han reciclado exitosamente la imagen de aquel régimen (definido por Preston como uno de los regímenes más represivos que han existido en Europa durante el siglo XX), presentándolo como un régimen moderadamente autoritario, negando a su vez que fuera un régimen totalitario.La realidad, sin embargo, fue otra. Como resultado del golpe y triunfo militar en contra del gobierno democrático, cerca de un millón de personas tuvieron que irse de España, dejando sus hogares y familia. Medio millón fueron a Francia y otros países de Europa, donde muchos de ellos estuvieron detenidos en campos de concentración, incluyendo campos de concentración nazis, tales como Mauthausen, Ravansbrück, Dachau, Buchenwald y Maidtank, donde más de 10.000 murieron. La memoria de estos últimos es recordada en los monumentos a las víctimas del nazismo que se erigieron después de la II Guerra Mundial en muchos países de Europa, incluyendo Alemania. No existe, sin embargo, ningún monumento nacional en España en su honor.

La gran mayoría de españoles que perdieron la guerra y permanecieron en España fue represaliada duramente; más de 700.000 estuvieron en campos de concentración, más de 400.000 fueron encarcelados, más de 200.000 fueron asesinados desde 1939 a 1942, bien fusilados o muertos por otros medios, y más de 300.000 fueron expulsados de su trabajo, expulsión que afectó con especial dureza a ciertas profesiones como la de Magisterio (aproximadamente, 7.000 maestros, por ejemplo, fueron encarcelados) y la docente universitaria. En la Universidad de Barcelona, por ejemplo, la mitad del cuerpo docente fue expulsado, encarcelado o exiliado. La Iglesia Católica jugó un papel clave en esta depuración, convirtiéndose en el eje ideológico de aquel régimen, influenciando todas las dimensiones del comportamiento, tanto individual como colectivo, de la sociedad española. El número de expedientados y depurados fue inmenso sin que hasta hoy se haya documentado el número exacto. Entre los presos políticos muchos fueron condenados a trabajos forzados lo que, como indica el profesor Harmutt Heine, "representaba donaciones del Estado a las compañías constructoras y otras empresas, que pagaban al Estado unos precios enormemente favorables, permitiendo que emplease tal mano de obra a su albedrío". Según este historiador, todas las grandes empresas constructoras españolas se beneficiaron de esta reserva de mano de obra (Harmutt, H., La oposición política al franquismo. 1983). Hoy en Alemania las empresas que utilizaron trabajadores forzados durante el régimen nazi están siendo obligadas a pagar una indemnización a aquellos trabajadores. En España nunca se ha considerado tal posibilidad.

En los años cincuenta se inició la resistencia pacífica antifascista, tanto en los puestos de trabajo como en las universidades. Como miembro de tal resistencia tuve que dejar el país en 1962. El día 16 de agosto de aquel año, fui denunciado por un dirigente del sindicato universitario fascista en Cataluña a la policía política (paradójicamente titulada Brigada Social), conocida por su enorme brutalidad. La Brigada Social torturó a miles y miles de trabajadores y estudiantes y muchos desaparecieron. Su brutalidad era especialmente acentuada hacia los trabajadores. En muchas ocasiones, tal represión se realizaba conjuntamente con las bandas fascistas. Tal represión fue una constante durante todo el periodo en que gobernó aquel régimen. Incluso en el año en que el Dictador murió, hubo cinco personas fusiladas por razones políticas, 1.028 presos políticos y 4.317 expedientados por el temido Tribunal de Orden Público.

Me sorprendió enormemente que mis estudiantes no supieran que estas cosas pasaban durante la dictadura en España. Las cifras de asesinados, detenidos, torturados, desaparecidos y expulsados durante la dictadura franquista son, tanto en términos absolutos como porcentuales, mucho mayores que las existentes durante la dictadura de Pinochet (estimados por Amnistía Internacional como 3.197 muertos y desaparecidos desde 1973 a 1990). Una pregunta que mis estudiantes me hicieron es por qué las personas responsables de estos hechos en la dictadura no han sido juzgadas, como hoy se pide, con razón, que sea juzgado Pinochet y sus colaboradores, o como fueron juzgados los líderes nazis en Alemania o líderes fascistas en Italia después de la II Guerra Mundial. La respuesta, a mi manera de entender, se centra en la manera en que España pasó de la dictadura franquista a la democracia. En Alemania e Italia, donde hubo dictaduras nazi y fascista, tales regímenes fueron derrotados, lo que explica que el abanico democrático representado en sus Parlamentos compartiera en su mayoría una postura democrática antinazi o antifascista. En aquellos países tanto la derecha como la izquierda parlamentaria habían participado en la lucha antifascista, aun cuando unos, los segundos, habían participado mucho más activamente que los primeros. Pero todos eran demócratas. Éste no fue el caso de España. El franquismo no fue derrotado. Se fue transformando adaptándose al hecho democrático. Sin cuestionar la vocación y comportamiento democrático de personas procedentes de la nomenclatura franquista, algunas de las cuales jugaron un papel clave en la transición de la dictadura a la democracia, el caso es que la gran mayoría de la derecha española nunca condenó el franquismo, justificándolo -como lo hizo la derecha chilena- como un mal necesario para evitar un mal mayor, el comunismo. Pero tal explicación es insostenible. El golpe militar se hizo contra una república democrática, en la que los comunistas eran una exigua minoría. El golpe militar fue la defensa a ultranza de los intereses, incluidos los de la Iglesia, afectados por las reformas llevadas a cabo por los gobiernos republicanos, reformas que en muchas áreas, como educación, sanidad y bienestar social, fueron altamente aplaudidas por la opinión internacional que las percibieron como necesarias para modernizar la sociedad española. En realidad, lo peor que hizo el régimen franquista a la sociedad española fue imponerle un gran retraso económico, político y social. Otros países de regímenes parecidos tuvieron después de la caída de aquellos regímenes totalitarios un enorme desarrollo bajo regímenes democráticos. Tanto la Alemania ex nazi como la Italia ex fascista, por ejemplo, tuvieron un gran crecimiento económico y social después de la derrota del nazismo y fascismo. España, que en 1936 tenía un nivel de desarrollo económico semejante al italiano en aquel año, continuó estancada económica y socialmente bajo un régimen dictatorial que mantuvo las desigualdades sociales más acentuadas en Europa (junto con Grecia y Portugal que tuvieron regímenes semejantes al franquista durante aquellos años). En 1975, el año en que el Dictador murió, España tenía un nivel de riqueza muy inferior al italiano (un 38% inferior), con el gasto social per cápita, el gasto público sanitario per capita, el gasto educativo per capita y el gasto en pensiones per capita más bajos de la Europa occidental (junto con Grecia y Portugal) (UNDP. Historial Series).

Éstos y otros hechos han quedado olvidados en lo que parece ser un pacto de silencio resultado de una transición que llevó a España a una democracia vigilada en la que las fuerzas democráticas fueron temerosas de analizar y recordar un pasado que podría provocar a la derecha. Recuerdo con detalle que en una visita que dos grandes dirigentes parlamentarios de centroizquierda e izquierda española hicieron a la The Johns Hopkins University en EEUU (donde he trabajado durante 32 años), les sugerí que España hiciera un homenaje de gratitud a los combatientes de las Brigadas Internacionales cuya edad era ya muy avanzada. Los dos me contestaron que todavía no era conveniente: era mejor esperar para más tarde. Y cuando más tarde este homenaje ocurrió ni el jefe del Estado ni el presidente del Gobierno, señor Aznar, los recibieron, hecho ampliamente notado con desagrado en los medios de información internacional. El presidente Clinton, presidente de Estados Unidos, país que definió la II Guerra Mundial como una guerra antifascista y antinazi, y que a nivel popular sintió gran rechazo hacia el régimen franquista, aliado de Hitler y Mussolini en Europa, alabó el sacrificio de los combatientes de las Brigadas Internacionales por la democracia y la libertad y dio, más tarde, la máxima condecoración civil en EEUU a Pete Seger (el Raimon de EE UU), que había hecho famosas en EE UU las canciones del bando republicano de la guerra civil española. Se intentó, en algunos medios de comunicación conservadores en España, justificar este desplante a los brigadistas con el argumento de que el jefe del Estado y el presidente del Gobierno tampoco habían recibido a los voluntarios fascistas (la División Azul) que habían luchado con las tropas nazis en contra de la Unión Soviética, equiparando injustamente a los combatientes por la democracia con los aliados de Hitler.

Otro hecho que refleja este temor a ofender a los vencedores lo percibí cuando, a raíz de la muerte de mis padres, que fueron maestros represaliados, y expulsados del Magisterio por haber defendido la República Democrática, le pedí a un dirigente del gobierno español que tal gobierno hiciera un acto de agradecimiento a todos aquellos ciudadanos anónimos que habían sufrido represión y/o muerte por su compromiso con la democracia en España. Le agradecí enormemente que respondiera mi carta con gran amabilidad, pero me sorprendió que me escribiera que tal homenaje ya se había hecho al establecerse un monumento en Madrid a todos los que sufrieron y murieron de los dos bandos por una España mejor. Me decepcionó que se pusiera a los vencedores y a los vencidos al mismo nivel. Soy consciente del esfuerzo de cierta historiografía por intentar relativizar el compromiso político de los dos bandos de la Guerra Civil, indicando que el que la población luchara en uno u otro bando dependía de dónde estaban físicamente el día o época en que el golpe militar tuvo lugar. Sin negar que tal situación afectara a muchos españoles, ello no niega que aquellos que estuvieron en el bando vencedor recibieron tratos de favor después del conflicto, muy distinto al que recibieron los del lado perdedor. Esta equidistancia, tan extendida en nuestro ambiente intelectual, es profundamente errónea y moralmente insostenible. Se olvida que un bando destruyó la democracia y el otro -a pesar de sus muchos defectos- defendió la democracia. La gran mayoría de fuerzas políticas en el lado republicano estaban comprometidas en restablecer la democracia representativa. Poner a vencedores y vencidos en el mismo plano moral refleja una insensibilidad democrática, característica de grandes sectores de la derecha española.

El Parlamento Español nunca dio las gracias a aquellos que lucharon por la democracia tanto durante como después de la Guerra Civil, ni tampoco ha reconocido a la comunidad exiliada, ignorada en su mayoría en su propio país. Es más, los vencedores nunca han pedido perdón a los vencidos, condición indispensable para la reconciliación, puesto que la expresión de perdón implica el reconocimiento de un error. La negativa de la Iglesia española a pedir perdón por su papel central en la dictadura dificulta la reconciliación, puesto que ésta exige un reconocimiento que se niega aludiendo a una equidistancia entre vencedores y vencidos, considerados erróneamente como igualmente responsables de lo acaecido durante y después de la Guerra Civil.

El olvido histórico es consecuencia del dominio de las derechas en el proceso de transición, erróneamente definido como modélico, interpretándosele como un pacto entre élites y personas, ignorando la enorme presión popular realizada por miles y miles de ciudadanos anónimos, gente normal y corriente que con sus protestas, movilizaciones y huelgas (en los años 1975 y 1976, España tuvo el número mayor de huelgas en Europa, con el mayor número de trabajadores envueltos en conflictos laborales que incluían demandas políticas así como económicas) forzaron la necesidad de un cambio, cambio que fue hegemonizado por las derechas, cuya influencia política explica tanto el sesgo del sistema electoral que discrimina al centroizquierda e izquierda (como quedó constancia en las últimas elecciones autonómicas catalanas), como el sesgo hacia el centroderecha y la derecha en la mayoría de los medios de información y persuasión españoles y catalanes. La democracia española necesita una reconciliación basada no en el olvido sino en el reconocimiento y corrección de los errores que fueron mucho mayores entre los vencedores que entre los vencidos.

Vicenç Navarro es catedrático de Universidad, exiliado, e hijo de vencidos.