Navarra amplía a 12 años el plazo para descalificar viviendas subvencionadas
La presión inmobiliaria obliga a las administraciones a usar todos sus instrumentos contra la especulación. El Gobierno de Navarra acaba de decretar la ampliación de cinco a 12 años del plazo mínimo para que los pisos de protección oficial puedan venderse en el mercado libre. El carácter retroactivo de la medida ha provocado un cataclismo en muchas familias afectadas. El decreto foral se ha aprobado tras constatarse un importante incremento de esta práctica que desvirtúa los esfuerzos públicos por proveer de vivienda asequible a los menos pudientes.
La carestía de la vivienda hace que...
La presión inmobiliaria obliga a las administraciones a usar todos sus instrumentos contra la especulación. El Gobierno de Navarra acaba de decretar la ampliación de cinco a 12 años del plazo mínimo para que los pisos de protección oficial puedan venderse en el mercado libre. El carácter retroactivo de la medida ha provocado un cataclismo en muchas familias afectadas. El decreto foral se ha aprobado tras constatarse un importante incremento de esta práctica que desvirtúa los esfuerzos públicos por proveer de vivienda asequible a los menos pudientes.
La carestía de la vivienda hace que el precio de un piso de promoción pública se duplique y triplique en apenas cinco años. Desde que muchos ciudadanos conocieron la medida, la oficina de descalificaciones del Departamento de Ordenación del Territorio y Vivienda ha sido un hervidero de llamadas e incidentes, en el que no han faltado las quejas, los insultos y la tensión entre muchos de los propietarios pillados de improviso.El Ejecutivo foral se ha visto obligado a emitir un decreto que modifica la legislación para la descalificación de viviendas (devolución del dinero recibido como ayuda para la compra de un piso) tras constatar la existencia de un importante aumento en el número de viviendas descalificadas en algunos barrios de Pamplona de nueva construcción, donde la presión urbanística sitúa el precio de un piso por las nubes. La norma, además, tiene carácter retroactivo para todas las viviendas protegidas con menos de 12 años de antigüedad.
Pisos de protección oficial (VPO) adquiridos hace seis años por 6 millones de pesetas, con ayudas públicas de hasta 1,2 millones, han sido vendidos inmediatamente después de finalizar el plazo legal de cinco años por más de 18 millones. En el caso de viviendas de VPO de 80 metros cuadrados con una media de antigüedad de cinco años y unas ayudas públicas de casi cuatro millones de pesetas, se están vendiendo a más de 28 millones.
El Ejecutivo ha comprobado que sus propietarios devuelven en cuanto la ley se lo permite todo el dinero recibido, la subvención a fondo perdido y la subsidiación de intereses más los intereses legales. Eso quienes lo hicieron a tiempo, porque la medida ha sorprendido a muchos propietarios con precontratos de venta de sus casas ya firmados ante la expectativa de obtener elevados rendimientos y cambiar de casa. Sin embargo, si a 30 de diciembre pasado no habían acreditado ningún pago por esa descalificación, ya no podrán hacerlo.
Áreas de expansión
El fenómeno de la descalificación afecta fundamentalmente a zonas de Pamplona como Mendillorri, Rochapea o Echavacoiz Norte, áreas en expansión con nuevos servicios que sufren una fortísima demanda de compra. La medida del Ejecutivo afecta a unas 6.000 viviendas. Todo el que no hubiera iniciado el expediente de descalificación de su piso antes del pasado 30 de diciembre ya no lo podrá hacer hasta pasados doce años de la fecha de su compra. Al menos si quiere venderlo a precio de mercado. Si, pese a todo, quiere venderlo antes, tendrá que hacerlo al precio legal estipulado para su tipología de vivienda VPO (con precios entre 6,6 y 10 millones, según superficies) y la Administración deberá ser notificada en primer lugar por si desea hacer valer su derecho preferente de tanteo y retracto. Es decir, su derecho a comprar el piso por el valor señalado por la ley para adjudicárselo a otro ciudadano necesitado .
Luis Antonio Ayesa, director del Servicio de Vivienda del Gobierno de Navarra, considera que la medida permitirá un adecuado control público de este fenómeno especulativo.