CiU apoyará la contrarreforma del Gobierno a la Ley de Extranjería a cambio de suavizarla

Convergència i Unió (CiU) aceptó ayer apoyar al Gobierno en su propósito de recortar drásticamente la nueva Ley de Extranjería aprobada por el Congreso, a cambio de suavizar las aristas más duras de la contrarreforma contenida en las 112 enmiendas que los populares presentaron en el Senado. En concreto, los nacionalistas catalanes admitieron corregir los dos puntos más polémicos del proyecto: la necesidad de justificar la concesión de visados y el mecanismo de regularización permanente para los inmigrantes que acrediten llevar dos años en España.

Aunque la fórmula exacta seguía discutié...

Convergència i Unió (CiU) aceptó ayer apoyar al Gobierno en su propósito de recortar drásticamente la nueva Ley de Extranjería aprobada por el Congreso, a cambio de suavizar las aristas más duras de la contrarreforma contenida en las 112 enmiendas que los populares presentaron en el Senado. En concreto, los nacionalistas catalanes admitieron corregir los dos puntos más polémicos del proyecto: la necesidad de justificar la concesión de visados y el mecanismo de regularización permanente para los inmigrantes que acrediten llevar dos años en España.

Aunque la fórmula exacta seguía discutiéndose al cierre de esta edición, los nacionalistas catalanes estaban dispuestos a aceptar que se eliminase la necesidad de justificar la denegación de visados, lo que impide de hecho recurrir ante los tribunales, aunque con algunas excepciones, como en los casos de reagrupamiento familiar o inmigrantes con oferta de trabajo. Respecto al mecanismo de regularización permanente, CiU admitió el planteamiento del PP de que no se puede incluir en un texto legal el reconocimiento implícito de su incumplimiento, por lo que se trabajaba anoche en una nueva redacción a partir de la enmienda de los populares que limita esta posibilidad a quienes hayan disfrutado en algún momento de residencia legal, aunque Convergència intentaba flexibilizar los requisitos de la enmienda.Los portavoces del Grupo Catalán y del Popular en el Congreso, Josep López de Lerma y Luis de Grandes, acompañados por sus homólogos del Senado, Salvador Carreras y Esteban González Pons, y los ponentes de ambos grupos para esta ley se reunieron ayer tarde en el Senado. Aunque suspendieron la reunión pasadas las nueve de la noche, manifestando que aún no se había alcanzado un pacto, su voluntad era seguir negociando hasta altas horas de la madrugada, personalmente o mediante contactos telefónicos, para que el resultado del acuerdo se incorpore hoy a la ley durante su debate en la comisión constitucional del Senado. López de Lerma criticó la decisión del PP de presentar 112 enmiendas que modifican la práctica totalidad del texto consensuado en el Congreso, pero esta posición maximalista facilitó la negociación, al dejar un amplio margen para rebajarla.

Tres bloques

Los negociadores dividieron las enmiendas del PP en tres bloques: las que serán retiradas por resultar imposible el acuerdo, que son las menos; las que CiU apoyará tal como han sido presentadas por los populares; y las que acepta suavizadas mediante la presentación de transaccionales. Finalmente, aunque se deseaba evitar, no se descartaba que alguna enmienda quedara pendiente para el pleno de la semana próxima, si no había tiempo anoche para pactarla.

Entre las enmiendas del PP que CiU apoyara tal como fueron presentadas, se encuentran, por ejemplo, el requisito de dos años de convivencia para los cónyuges de inmigrantes que hayan obtenido la residencia por reagrupamiento familiar, evitando así el riesgo de matrimonios de conveniencia. También, la necesidad de informar al fiscal, en vez de al juez, cuando la policía localice a un menor indocumentado.

La parte más laboriosa de la negociación fue la redacción de las enmiendas transaccionales, más de dos decenas en total, según se estimaba ayer noche, en las que se plasmará el acuerdo de ambos grupos sobre los asuntos más vidriosos de la ley. Por ejemplo, el catálogo de derechos de los inmigrantes irregulares, que el PP quiere limitar a la sanidad y la educación obligatoria -lo que ya tienen en la práctica- y CiU defiende ampliar basándose en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Los nacionalistas catalanes estaban dispuestos a endurecer el capítulo de sanciones de la ley, para permitir, por ejemplo, la expulsión de indocumentados que no contempla el texto del Congreso, aunque matizando las pretensiones del Ministerio del Interior.

El acuerdo ultimado anoche se fraguó durante la reunión que por la mañana celebraron en La Moncloa López de Lerma, el vicepresidente Francisco Álvarez Cascos, Luis de Grandes y González Pons, continuación del encuentro mantenido por los tres primeros hace una semana. Aunque en último extremo fue el propio presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, quien en tres conversaciones telefónicas mantenidas el martes desde Nueva Delhi con José María Aznar comprometió el apoyo de su grupo. A partir de ahí, se trataba de concretar qué concesiones estaba dispuesto a hacer el PP para que CiU pudiera justificar su cambio de posición.

Antes de acudir a La Moncloa, López de Lerma visitó el Senado para entrevistarse con el portavoz socialista, Juan José Laborda. Este gesto constituyó un reproche implícito al Gobierno por la forma en que ha llevado la tramitación de la ley, ya que debía ser el Grupo Popular, y no el Catalán, el que explorase las posibilidades del acuerdo con el principal partido de la oposición. Durante las últimas semanas, CiU ha reclamado sin éxito al PP que abriese conversaciones con los demás grupos, para no encontrarse sola acompañando al Gobierno en un giro abiertamente impopular.

El encuentro entre López de Lerma y Laborda sólo sirvió para que éste conociese de primera mano la negativa del PSOE a secundar la modificación del texto consensuado en el Congreso. Como máximo, explicó Laborda, estaba dispuesto a abstenerse en la votación de las enmiendas que supongan realmente mejoras técnicas, rechazando las demás.

Aunque admitió que algunos aspectos del texto aprobado popr el Congreso podían necesitar correcciones, descartó modificar sustancialmente en 72 horas lo que se ha discutido durante 18 meses y advirtió de que el PP "ha roto el consenso alcanzado no sólo entre todas las fuerzas políticas, sino también con la sociedad civil". Esta misma posición se la transmitió Laborda posteriormente al popular González Pons, quien acusó a los socialistas de "dar un portazo" a su oferta de diálogo, tras calificarles como "los autores de la represiva ley de 1985".

López de Lerma aprovechó su entrevista con Laborda para desahogarse por la posición en que le ha colocado el PP. El portavoz de CiU calificó de "ridiculez" que los populares, en vez de consensuar sus enmiendas antes de presentarlas, invitasen a los demás grupos a enmendarlas a su vez. Pero lo que ya consideró "inaudito" e "impropio" de las relaciones con un grupo que ha demostrado ser "leal colaborador" del Gobierno es que el PP sólo le remitiese un tercio de las 112 enmiendas presentadas y tuviese que conocer las demás a través de la prensa.