De la Escuela Popular de Prosperidad

La Escuela Popular de Prosperidad se enfrenta a un desalojo inminente, a consecuencia del juicio iniciado por el Arzobispado hace ocho años. El origen del problema fue la rescisión por el Ayuntamiento del contrato de alquiler con el Arzobispado del local de la calle del General Zabala, 10 bis, que, por cesión del propio Ayuntamiento, utiliza desde 1983 la Escuela Popular de Prosperidad.Por el precio de ese alquiler, inferior a 3.000 pesetas mensuales, en la escuela, sin ningún otro coste adicional para el Ayuntamiento -y, por tanto, para los vecinos que pagamos los impuestos-, el barrio ha con...

La Escuela Popular de Prosperidad se enfrenta a un desalojo inminente, a consecuencia del juicio iniciado por el Arzobispado hace ocho años. El origen del problema fue la rescisión por el Ayuntamiento del contrato de alquiler con el Arzobispado del local de la calle del General Zabala, 10 bis, que, por cesión del propio Ayuntamiento, utiliza desde 1983 la Escuela Popular de Prosperidad.Por el precio de ese alquiler, inferior a 3.000 pesetas mensuales, en la escuela, sin ningún otro coste adicional para el Ayuntamiento -y, por tanto, para los vecinos que pagamos los impuestos-, el barrio ha contado con clases gratuitas para personas adultas en distintos niveles y horario de mañana y tarde; español para inmigrantes; diversos talleres y grupos de aprendizaje colectivo; una biblioteca; actividades culturales, y la disponibilidad de un local sin problema de horarios para uso de los colectivos y asociaciones, donde se lleva a la práctica diariamente una experiencia autogestionaria y una forma diferente de convivencia entre personas muy diversas.

El argumento de la Junta de Chamartín para desentenderse del problema, de que las clases de adultos que ofrece el Ayuntamiento hacen innecesaria la escuela, ni considera la importancia de esa experiencia ni el reconocimiento por entidades privadas y oficiales de la labor pedagógica y social realizada por la Escuela a lo largo de sus 26 años de existencia. La rescisión del contrato de alquiler con el Arzobispado manifiesta el desprecio y ataque por parte del Ayuntamiento a las organizaciones populares y movimientos asociativos, y también el derroche de recursos y la nefasta gestión económica con que administra el dinero público, considerando el coste que esas clases municipales suponen para el Ayuntamiento.

Con respecto al Arzobispado, conviene recordar el dinero público que recibe en concepto de subvenciones y los donativos privados que se le entregan y solicita constantemente, argumentando que sus bienes se dirigen al servicio de obras sociales para los menos favorecidos económicamente. Si consigue echar a la escuela del local que utiliza, ¿a qué función social mejor que la que ahora tiene pretende destinarlo? Nunca ha contestado a esta pregunta.- . .