El consistorio pagará 3,5 millones por derribar una casa por error
El Ayuntamiento de Barcelona tendrá que pagar una indemnización de 3,5 millones de pesetas al dueño de una casa que el consistorio derribó por error al creer que estaba abandonada porque la habitaban ocasionalmente unos okupas. Con el pago de la citada cantidad, el Ayuntamiento evitó ayer el juicio que tenía que celebrarse en la sección quinta de la Audiencia de Barcelona por este caso, en el que la directora de disciplina urbanística de la corporación municipal fue acusada de presunta prevaricación por ordenar el derribo de la casa.El fiscal no imputó cargo alguno al consistorio, pero la acus...
El Ayuntamiento de Barcelona tendrá que pagar una indemnización de 3,5 millones de pesetas al dueño de una casa que el consistorio derribó por error al creer que estaba abandonada porque la habitaban ocasionalmente unos okupas. Con el pago de la citada cantidad, el Ayuntamiento evitó ayer el juicio que tenía que celebrarse en la sección quinta de la Audiencia de Barcelona por este caso, en el que la directora de disciplina urbanística de la corporación municipal fue acusada de presunta prevaricación por ordenar el derribo de la casa.El fiscal no imputó cargo alguno al consistorio, pero la acusación particular, que actuaba en nombre del dueño de la casa, formuló denuncia inicial contra la Administración local, aunque luego desistió al percibir la indemnización de 3,5 millones de pesetas.
La representante legal del Ayuntamiento consideró que el titular de la vivienda, un bombero de Barcelona, no residía en la casa y que el edificio solamente lo utilizaba como trastero.
El Ayuntamiento de Barcelona expropió y derribó el 14 de agosto de 1996 la casa ubicada en el número 251 de la calle de Espronceda, cuyo plazo de desalojo ordenado por el Ayuntamiento terminaba a finales de aquel mismo mes. Según la versión del Ayuntamiento, un arquitecto municipal acudió a la casa, consideró que no era habitable y comprobó que "sólo estaba ocupada por dos personas que, al ser requeridas para ello, abandonaron la finca antes de proceder al derribo del inmueble".
El fiscal no acusó al Ayuntamiento de Barcelona, ya que sostenía que fue imposible entrar en contacto con el titular de la finca.