Cascos garantiza la aprobación de la Ley de Extranjería, pese a la oposición de Mayor

El Gobierno dio ayer dos visiones contradictorias de lo que opina sobre la reforma de la nueva Ley de Extranjería. Mientras el ministro de Interior, Jaime Mayor Oreja, desvelaba sus reticencias a esta norma, el vicepresidente Francisco Álvarez Cascos garantizaba que el Ejecutivo no obstaculizará su aprobación por trámite de urgencia en esta legislatura. Sin embargo, las declaraciones de Mayor ponen en evidencia que al menos parte del Gabinete de José María Aznar trata de impedir que llegue a buen puerto una ley que su propio Grupo Parlamentario ha fomentado durante los últimos 18 meses.
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El Gobierno dio ayer dos visiones contradictorias de lo que opina sobre la reforma de la nueva Ley de Extranjería. Mientras el ministro de Interior, Jaime Mayor Oreja, desvelaba sus reticencias a esta norma, el vicepresidente Francisco Álvarez Cascos garantizaba que el Ejecutivo no obstaculizará su aprobación por trámite de urgencia en esta legislatura. Sin embargo, las declaraciones de Mayor ponen en evidencia que al menos parte del Gabinete de José María Aznar trata de impedir que llegue a buen puerto una ley que su propio Grupo Parlamentario ha fomentado durante los últimos 18 meses.

El ministro del Interior, entrevistado en Tele 5, mostró claramente la oposición de su departamento a la tramitación urgente de la nueva Ley de Extranjería. Mayor aseguró que la norma debe ser "más consensuada porque el Gobierno tiene muchas cosas que decir en este tema de la inmigración". El ministro cree que es "más importante actuar con una ley que sea prudente, razonable", que colocar a España "a la vanguardia de la Unión Europea en una posición que sería absolutamente incomprensible". Mayor fue aún más lejos al recomendar que no se hagan "insensateces" como aprobar a toda prisa esta reforma, por lo que abogó por alejarse de lo que definió como "posturas utópicas". "Hoy no se entendería en la actual redacción de la ley y por ningún país de la UE la posición de España", concluyó, aunque no llegó a aclarar qué puntos de la ley habría que cambiar. La reforma de la ley abre la puerta a la regularización de los inmigrantes que acrediten dos años de residencia en España, además de dar acceso a los extranjeros a la sanidad pública.Sin embargo, y a pesar de que el responsable de Interior pide ahora más consenso y menos urgencia sobre esta norma, la ponencia del Congreso que ha elaborado el borrador ha trabajado durante 18 meses en ella con un alto grado de acuerdo, según los diputados que han participado. Por eso ahora ni las organizaciones sociales ni los grupos parlamentarios se explican esta nueva postura del Gobierno.

Aparentemente, no todo el Ejecutivo está en contra de la tramitación urgente de esta norma. El vicepresidente primero, Francisco Álvarez Cascos, garantizó ayer, en declaraciones a Servimedia, que el Gabinete que dirige José María Aznar no se opondrá a la tramitación urgente de esta Ley, algo que el Congreso decidió la semana pasada con el voto favorable del propio PP. Además, el pasado 26 de octubre, en el Foro de la Inmigración, un organismo consultivo donde están representados cinco ministerios, incluido el de Interior, se aprobó por unanimidad que la norma debía tramitarse de urgencia.

Apoyo de Pimentel

También Manuel Pimentel, ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, apoya que la norma se apruebe en la presente legislatura, aunque admite que puedan presentarse enmiendas para mejorarla. Esto es algo que, según diversas fuentes, dificultaría su aprobación en esta legislatura, pero teóricamente no la haría imposible dado que se ha decidido tramitarla por el mecanismo de urgencia.

Por eso la mayoría de los diputados que ha elaborado la norma cree que aún se está a tiempo y están dispuestos a cambiar las partes de la ley que sean mejorables, siempre que se haga en los 20 días de los que el Senado dispone para proponer enmiendas, consiguiendo así que se apruebe en esta legislatura.

Las reticencias que presentaban los ministerios de Economía, por el supuesto coste de la norma, y Exteriores, porque temen una avalancha de inmigrantes en los consulados, parecen haber entrado en vías de solución en las últimas semanas. No así las de Interior, que han surgido ahora. En este departamento aducen que la norma tiene "defectos de redacción muy importantes" que podrían dificultar la lucha contra la inmigracion irregular y el control de fronteras. Además, sostienen que algunos articulados de la ley van en contra de los criterios defendidos por los países miembros de la Unión Europea en la cumbre de Tampere (Finlandia). También aseguran que no queda bien definida la diferencia de derechos entre inmigrantes con o sin papeles y que dificulta su expulsión. Hablan, en resumen, de una norma "mal trabada jurídicamente".

Pero lo que sorprende e incluso indigna en todos los grupos parlamentarios es que todas estas reticencias no hayan sido expresadas en los 18 meses que la ponencia ha tardado en elaborar la ley. Especialmente cuando el contenido fundamental de la reforma se conoce desde la pasada primavera.

Los parlamentarios argumentan que el hecho de que Interior exponga ahora de forma difusa sus reticencias y sin llevar esas dudas al Parlamento demuestra que el Gobierno estaba convencido de que no conseguiría ver la luz en esta legislatura. Una vez que han comprobado que la norma está a punto de ser aprobada por el procedimiento de urgencia que avaló el propio PP para no quedar en minoría la pasada semana, Interior está aportando todas las pegas posibles. "Pero han llegado tarde", argumenta uno de los redactores de la ley, porque la tramitación está tan avanzada que su bloqueo sería "un escándalo" ya que todos lo achacarían directamente al Gobierno, y concretamente a Interior.

En todo caso, Mayor ha sido el primer ministro que se ha atrevido a mostrarse claramente contrario a la aprobación de la norma. Lo que indirectamente está haciendo el ministro, según un diputado que ha elaborado la norma, es desautorizar a su grupo parlamentario, y especialmente a Diego Jordano, representante del PP en la comisión redactora, que ha sido uno de los principales promotores del actual texto.