El ex presidente de una sala de lo penal va a juicio acusado de prevaricación
El ex presidente de la sección octava de lo penal de la Audiencia de Barcelona Santiago Raposo será juzgado mañana por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), acusado de un delito de prevaricación supuestamente cometido por archivar una causa de delito fiscal. El ministerio público solicita para él 12 años de inhabilitación y una multa de 2,7 millones de pesetas por considerar que actuó con un "intencionado desconocimiento" y que firmó a sabiendas un auto que "justifica la manifiestamente injusta decisión de archivo".
Santiago Raposo es el primer magistrado de la Audiencia ...
El ex presidente de la sección octava de lo penal de la Audiencia de Barcelona Santiago Raposo será juzgado mañana por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), acusado de un delito de prevaricación supuestamente cometido por archivar una causa de delito fiscal. El ministerio público solicita para él 12 años de inhabilitación y una multa de 2,7 millones de pesetas por considerar que actuó con un "intencionado desconocimiento" y que firmó a sabiendas un auto que "justifica la manifiestamente injusta decisión de archivo".
Santiago Raposo es el primer magistrado de la Audiencia de Barcelona que se sienta en el banquillo de los acusados. El Consejo General del Poder Judicial le suspendió de sus funciones el pasado 19 de mayo y desde entonces percibe el 70% de su salario. Esta situación se mantendrá con toda probabilidad hasta que sea firme la sentencia que dicte el TSJC, contra la que se podrá recurrir ante el Tribunal Supremo.El proceso penal contra el magistrado Santiago Raposo, que mañana llega a juicio, se inició después que la fiscalía se querellase contra él y contra las magistradas María José Inés Martínez Álvarez y Mercedes Fernández Pérez, que también formaban sala y firmaron el auto supuestamente prevaricador. Esa decisión fue adoptada el 2 de junio de 1998 y supuso el archivo definitivo de una investigación penal por delito fiscal que se seguía contra Jaime Sentís Abad, el denunciante del llamado caso Casinos, referido a la supuesta financiación irregular de CDC.
La fiscalía se había querellado contra Sentís por considerar que defraudó 501 millones de pesetas correspondientes a los ejercicios de 1989, 1990 y 1991, y el Juzgado de Instrucción número 18 de Barcelona investigó el caso. Cuando la instrucción estaba prácticamente finalizada y se habían recogido numerosas pruebas, y se había acordado el embargo de bienes de Sentís, su abogado defensor presentó un recurso de queja ante la sección octava de la Audiencia de Barcelona, que entonces presidía Raposo, solicitando la prescripción del caso. La sala admitió el recurso y las diligencias contra Sentís quedaron archivadas para siempre.
El fiscal Carlos Ramos, delegado en Barcelona de la Fiscalía Anticorrupción, asegura en su escrito que Raposo se atribuyó la ponencia de ese recurso sin que le correspondiera, en aplicación de las normas internas que tiene cada sala, y que durante la deliberación del caso presentó "hechos irreales" a las magistradas.
Cambio de declaración
Las dos jueces, ninguna de las cuales continúa en la sección octava, declararon el 8 de septiembre de 1998 durante la instrucción del caso que antes de firmar ese auto lo leyeron y mostraron su conformidad con la decisión que propuso Raposo. Sin embargo, el 31 de diciembre de ese año, a iniciativa propia, se desdijeron de su declaración, afirmaron que Raposo fue quien redactó el auto y acusaron al presidente de no explicarles todos los entresijos. Tres semanas después fueron exculpadas a instancias del fiscal.
La defensa de Raposo, ejercida por Miguel Capuz -del despacho de Joan Piqué Vidal-, solicita la absolución porque considera que el juez es inocente y que la fiscalía pudo recurrir contra el archivo y no lo hizo.