Editorial:

Espacio 2005

LA CREACIÓN en un plazo de cinco años de un espacio de justicia y libertad en la UE, objetivo constante de los Gobiernos españoles, ha recibido importantes impulsos en el Consejo Europeo extraordinario concluido ayer en Tampere. Dadas las disparidades en las culturas judiciales será un proceso lleno de dificultades. Pero la decisión de principio del reconocimiento mutuo de sentencias penales y civiles, o el propósito de una definición común de delitos graves, constituye un progreso conceptual importante, lo mismo que la intención de reemplazar los procesos de extradición por simples traslados ...

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LA CREACIÓN en un plazo de cinco años de un espacio de justicia y libertad en la UE, objetivo constante de los Gobiernos españoles, ha recibido importantes impulsos en el Consejo Europeo extraordinario concluido ayer en Tampere. Dadas las disparidades en las culturas judiciales será un proceso lleno de dificultades. Pero la decisión de principio del reconocimiento mutuo de sentencias penales y civiles, o el propósito de una definición común de delitos graves, constituye un progreso conceptual importante, lo mismo que la intención de reemplazar los procesos de extradición por simples traslados para los condenados por sentencia firme.En el fondo, se trata de copiar el sistema que llevó, entre 1986 y 1992, a establecer el mercado único para construir ese espacio de libertades, judicial y policial, que al cabo ha de basarse sobre la confianza mutua en la justicia de cada país, de modo paralelo a como se reconocen en el mercado interior los controles de calidad de los productos en los países de origen. De momento, se insiste más en la seguridad que en la libertad, con la excepción del estatuto del residente. Se dice que de otro modo el espacio interno en la UE será aprovechado, antes que nadie, por el crimen organizado. Y porque algunas opiniones públicas, como lo refleja el éxito del derechista Haider en Austria, lo están exigiendo.

Lejos aún de una policía común, un paso constructivo en la lucha europea contra el crimen es la buena acogida deparada en Tampere a la creación de una red de cooperación judicial. Propuestas concretas las ha habido de diversa índole. Pero detrás de las buenas palabras acechan algunos intereses nacionales que pueden impedir ponerlas en práctica. Todos de acuerdo, sí, para la lucha contra el blanqueo de dinero, pero algunos, como el Reino Unido, quieren preservar sus paraísos fiscales, entre los que destaca el de Gibraltar, ignorado en las propuestas conjuntas de Aznar y Blair. Frente a esta excepción, ha quedado claro que se trata de construir esa nueva Europa judicial para todos, sin excepciones, a la vez que avanza el principio de la solidaridad a la hora de abordar el problema del asilo y las medidas para prevenir la inmigración ilegal. En Tampere se han puesto unos pocos ladrillos más para construir un edificio apuntado en el Tratado de Amsterdam. Pero falta casi todo por hacer.

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