Pedro Rodríguez comparecerá como demandado por un conflicto urbanístico

La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha citado a declarar, en calidad de demandados, al alcalde de Huelva, Pedro Rodríguez, del PP; al rector de la Universidad onubense, Antonio Ramírez de Verger, y al consejero delegado de la empresa inmobiliaria Bekinsa, Rafael Beca Borrego. La comparecencia se produce por un contencioso administrativo presentado por el portavoz socialista en el Ayuntamiento onubense, José Juan Díaz Trillo, contra un convenio urbanístico firmado por esas tres partes y en el que Díaz Trillo observa supuestas irregulari...

La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha citado a declarar, en calidad de demandados, al alcalde de Huelva, Pedro Rodríguez, del PP; al rector de la Universidad onubense, Antonio Ramírez de Verger, y al consejero delegado de la empresa inmobiliaria Bekinsa, Rafael Beca Borrego. La comparecencia se produce por un contencioso administrativo presentado por el portavoz socialista en el Ayuntamiento onubense, José Juan Díaz Trillo, contra un convenio urbanístico firmado por esas tres partes y en el que Díaz Trillo observa supuestas irregularidades. Los tres demandados deberán comparecer la próxima semana ante el juez, según la resolución judicial. El portavoz socialista presentó el pasado 21 de julio el recurso contra el convenio por el cual la empresa Bekinsa cede al Ayuntamiento onubense 18 hectáreas de su propiedad próximas al Campus del Carmen, para destinarlas a suelo universitario, a cambio de 178.000 metros cuadrados en la barriada de La Orden. Este acuerdo, firmado el 11 de junio -dos días antes de la celebración de las elecciones municipales-, cuenta con el informe en contra del secretario municipal, Felipe Albea Carlini, que indica en su escrito: "El procedimiento no puede iniciarse ni formalizarse en tanto no esté aprobada definitivamente la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU)". En el recurso presentado por el PSOE se solicita "la suspensión de la ejecución de los actos administrativos impugnados" hasta que haya una sentencia en firme del tribunal. Los socialistas consideran además que Bekinsa goza de un trato de favor por parte del alcalde.