Parados desaparecidos

Como viene ocurriendo desde hace más de dos años, las negociaciones para transferir las competencias de las Políticas Activas de Empleo (PAE) a Andalucía siguen sin rendir los frutos deseados. Al parecer, existen unas fuertes discrepancias entre el Gobierno y la Junta en lo referido a la valoración de las mismas, con lo cual no hay acuerdo y las competencias siguen en manos del Gobierno. El sistema que se utiliza para transferir una competencia es el siguiente: primero se calculan los costes de gestión de la competencia (funcionarios, gastos en bienes y servicios, etcétera), después esos cálc...

Como viene ocurriendo desde hace más de dos años, las negociaciones para transferir las competencias de las Políticas Activas de Empleo (PAE) a Andalucía siguen sin rendir los frutos deseados. Al parecer, existen unas fuertes discrepancias entre el Gobierno y la Junta en lo referido a la valoración de las mismas, con lo cual no hay acuerdo y las competencias siguen en manos del Gobierno. El sistema que se utiliza para transferir una competencia es el siguiente: primero se calculan los costes de gestión de la competencia (funcionarios, gastos en bienes y servicios, etcétera), después esos cálculos se someten a la Comisión Mixta de Transferencias (una comisión paritaria Gobierno-Junta) y si esta valoración se acepta por ambas partes se transfiere la competencia a la Junta, que recibe para financiarla las tasas que se cobraban por el servicio a los ciudadanos, si es que éstas existen, más un incremento en la Participación en los Ingresos del Estado (PIE) hasta cubrir el coste total de la competencia transferida. Evidentemente, si no hay acuerdo en el coste calculado no hay transferencia de la competencia. El sistema es tan perverso que muchas veces se ha utilizado para aumentar o disminuir artificialmente los recursos de una comunidad en concreto, ya que si se propone un coste por debajo del real la comunidad pierde financiación y si por el contrario se propone un coste superior al real la comunidad tiene unos ingresos adicionales. En consecuencia, basta con comenzar las negociaciones con la comunidad a la que se quiere beneficiar, fijando en su negociación el coste que interesa y a partir de ahí proponer los mismos criterios para las demás comunidades. Esto es lo que ha ocurrido con las PAE: se fijaron los criterios para calcular los costes con Cataluña y ahora se pretende aplicar los mismos a Andalucía, con lo que la cuenta que sale es que Andalucía tendría un funcionario del INEM por cada 520 parados y Cataluña uno por cada 330. Es decir, lo mismo que en la financiación global han desaparecido 400.000 andaluces, ahora nos quieren hacer desaparecer el 46% de los parados. Cosas de la discriminación.LUIS ÁNGEL HIERRO