Si España va bien... algo habrá que repartir ANTÓN COSTAS

No entiendo por qué tanto escándalo ante la iniciativa de Manuel Chaves y Jordi Pujol de dar un magro aguinaldo, "por una sola vez", a los ciudadanos de sus respectivas comunidades que cobran una pensión no contributiva o asistencial. Pienso que esas iniciativas tan criticadas han tenido la virtud de plantear el necesario debate sobre la reforma del sistema de pensiones en nuestro país. Tanto insistir en el "España va bien" que, tarde o temprano, alguien tenía que apuntarse a la idea de que algo habría que repartir entre los más débiles. El Gobierno, obnubilado como estaba con el éxito económ...

No entiendo por qué tanto escándalo ante la iniciativa de Manuel Chaves y Jordi Pujol de dar un magro aguinaldo, "por una sola vez", a los ciudadanos de sus respectivas comunidades que cobran una pensión no contributiva o asistencial. Pienso que esas iniciativas tan criticadas han tenido la virtud de plantear el necesario debate sobre la reforma del sistema de pensiones en nuestro país. Tanto insistir en el "España va bien" que, tarde o temprano, alguien tenía que apuntarse a la idea de que algo habría que repartir entre los más débiles. El Gobierno, obnubilado como estaba con el éxito económico de sus políticas, se olvidó de la solidaridad. Chaves introdujo ese problema pendiente por el sitio menos esperado: la competencia de las autonomías para compensar, si así lo desean, las pensiones no contributivas y asistenciales. El Gobierno reaccionó entonces con todos los argumentos apocalípticos a su mano. Pero, en realidad, lo que molestó al Gobierno fue que otros se apuntasen a repartir lo que considera que es el fruto de sus políticas. Pero despejados por el Tribunal Constitucional esos negros augurios sobre la unidad de las tierras y los hombres de España, era lógico que se abriera el melón de las pensiones. Sabedor de que el Gobierno del PP no tendrá otro remedio que subirse al carro, Pujol tomó la iniciativa de adelantarse. Las acusaciones de electoralismo son válidas, pero irrelevantes para la lógica de esta historia. La objeción que, en todo caso, se le puede hacer a Pujol es que, habiéndose apuntado a una buena, lo haya hecho apoyándose en un mal argumento. Utilizar el IPC diferencial catalán es abrir una caja de sorpresas, no sólo por el posible efecto imitación dentro de la Administración pública. Muchos empresarios que consideran a Pujol una persona seria tiemblan cuando oyen hablar del IPC diferencial, porque no olvidan los problemas laborales de los años setenta y ochenta que tuvieron su origen en argumentos de ese tipo. El guión de esta historia es, como se ve, sencillo, lógico y lineal. ¿Por qué entonces tanto ruido y crítica? Quizá la acusación más sensata ha sido que la revisión de las pensiones no se puede hacer en un clima de subasta electoral y que, por el contrario, debería estar inmunizada de querellas partidistas y territoriales. Pero este es un deseo irreal. La función de la política es, esencialmente, la de articular la redistribución y la solidaridad en una sociedad. Y los periodos electorales es donde con mayor intensidad se producen enfrentamientos entre las diferentes concepciones políticas rivales sobre esa cuestión. Quizá muchos de los temores se deben a que se está confundiendo el sistema de pensiones contributivas de la Seguridad Social -financiadas con cargo a las cotizaciones que pagan los trabajadores y las empresas- con el de las no contributivas y asistenciales. La iniciativa de Chaves y Pujol tiene que ver con las segundas. Sin embargo, al llamarle pensiones a unas y otras se genera confusión y temores infundados. Una medida clarificadora sería cambiar el nombre de las pensiones no contributivas y asistenciales por el de rentas de solidaridad o nombre similar. Pero este cambio nominativo no es socialmente neutro y no estoy seguro de que se acepte fácilmente. En cualquier caso, es necesario proceder a la revisión de unas y otras. Y esa revisión debe responder a criterios de solidaridad, racionalidad económica y separación entre ambos sistemas. Las pensiones contributivas deben estar relacionadas con la contribución que cada trabajador haya hecho a lo largo de su vida laboral. A la vez, las rentas de solidaridad tienen que guardar una relación racional con las pensiones mínimas contributivas. No sería lógico que una persona que no haya cotizado nunca al sistema público de pensiones llegase a cobrar una renta mayor que la que sí ha cotizado. Esa es la tarea pendiente. La virtud que le veo a la tan criticada iniciativa del presidente andaluz es que ha introducido el problema de la solidaridad y de la necesaria revisión de las pensiones en la agenda de las cuestiones públicas. Este es un resultado inesperado, pero ya se sabe que no hay mal que por bien no venga.