El fiscal pide por primera vez que se impute a Gil un delito urbanístico

El fiscal de Medio Ambiente de Málaga ha solicitado que se amplíe al alcalde de Marbella, Jesús Gil, la imputación para que declare por un presunto delito contra la Ordenación del Territorio, por el convenio firmado entre el municipio y la sociedad Yeregui SA, en el que se autorizaba la construcción de un edificio en zona verde. Hasta ahora, la fiscalía se había abstenido de acusar a Gil en las denuncias por irregularidades en los acuerdos entre Ayuntamiento y particulares, porque el regidor nunca rubricó personalmente esos documentos, por lo que la eventual responsabilidad recaía en su equipo...

El fiscal de Medio Ambiente de Málaga ha solicitado que se amplíe al alcalde de Marbella, Jesús Gil, la imputación para que declare por un presunto delito contra la Ordenación del Territorio, por el convenio firmado entre el municipio y la sociedad Yeregui SA, en el que se autorizaba la construcción de un edificio en zona verde. Hasta ahora, la fiscalía se había abstenido de acusar a Gil en las denuncias por irregularidades en los acuerdos entre Ayuntamiento y particulares, porque el regidor nunca rubricó personalmente esos documentos, por lo que la eventual responsabilidad recaía en su equipo de gobierno.Por otro lado, más del 50% de la revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Marbella, paralizada hace ahora un año, finalmente no saldrá adelante. El Gobierno andaluz asegura que rechazará la edificación sobre más de 800 hectáreas, en su mayoría terreno forestal y rústico, que el Ayuntamiento pretendía recalificar. Este proyecto inicial hubiera supuesto un negocio estimado en casi un billón de pesetas.

El delegado de Obras Públicas del Ejecutivo andaluz, Carlos Morales, cifra en 400 los convenios urbanísticos pactados entre el Ayuntamiento marbellí y los privados durate los últimos seis años. Morales confirmó ayer que la Junta ha denunciado durante el año en el que el PGOU se encuentra paralizado una veintena de esos acuerdos por afectar a terrenos que no quedarán recalificados cuando se desbloquee el plan. "Siempre que solicitamos la impugnación de una licencia de obras pedimos también a los jueces su paralización cautelar, pero hasta ahora no hemos obtenido ni una", confesó Morales. La consecuencia es que cuando la justicia dirime el contencioso los pisos ya están listos y hasta vendidos.

La Junta espera que Gil remita en cuestión de 10 días el texto refundido que incorpore las correcciones que la comisión provincial de Urbanismo dictaminó en julio de 1998 como condición para aprobar esa revisión del plan.