El PSOE depende de Tierra Comunera para gobernar Burgos por primera vez
El socialista Ángel Olivares, ex director general de la Policía, es el candidato con mayores probabilidades de ser alcalde de Burgos los próximos cuatro años. IU ha anunciado su apoyo para arrebatar por primera vez el gobierno municipal al PP, cuyo candidato, Ángel Ariznavarreta, el más votado el pasado día 13, sustituyó al regidor, Valentín Niño, que no se presentó a la reelección. De confirmarse un pacto de progreso, Tierra Comunera (TC), PSOE e IU ratificarían la próxima semana un acuerdo en un principio sólo de investidura.
La formación nacionalista, que logró tres concejales, se re...
El socialista Ángel Olivares, ex director general de la Policía, es el candidato con mayores probabilidades de ser alcalde de Burgos los próximos cuatro años. IU ha anunciado su apoyo para arrebatar por primera vez el gobierno municipal al PP, cuyo candidato, Ángel Ariznavarreta, el más votado el pasado día 13, sustituyó al regidor, Valentín Niño, que no se presentó a la reelección. De confirmarse un pacto de progreso, Tierra Comunera (TC), PSOE e IU ratificarían la próxima semana un acuerdo en un principio sólo de investidura.
La formación nacionalista, que logró tres concejales, se reunió ayer tarde con los populares y también con IU (que obtuvo dos) y no se descartaba que los populares ofrecieran la alcaldía para evitar el avance del PSOE, que sacó nueve ediles, uno menos que los populares. TC anunció nada más conocerse los resultados electorales su intención de reunirse con todos los partidos con representación en el consistorio si bien Luis Marcos, su secretario general, señaló que las urnas en Burgos habían decidido que se constituyera un gobierno progresista. El apoyo de esas formaciones al PSOE dependerá, según IU y TC, del cumplimiento que den los socialistas de los programas de ambas formaciones, especialmente en asuntos relativos al medio ambiente, la participación ciudadana, juventud, vivienda, o, como solicita TC, que se dé un carácter nacionalista a la gestión del ayuntamiento burgalés, gobernado los últimos 20 años por conservadores.
Olivares (Burgos, 1955) ya fue concejal en la capital burgalesa en la época en que se denunció el llamado caso de la construcción que llevo a la cárcel al Miguel Méndez Pozo y a la destitución de José María Peña como alcalde.
La gestión municipal en la sexta ciudad española en cuanto a carestía de vivienda ha sido calificada en la última legislatura como "desastrosa" no sólo por la oposición. Incluso altos responsables del PP no se recataron en comentar antes y durante la campaña electoral el abandono del ayuntamiento por parte de Valentín Niño en estos últimos años, así como su nefasta gestión, permanentemente criticada desde una televisión local por Álvaro Baeza, que ha colocado a tres concejales en el consistorio bajo las siglas de Acción Popular Burgalesa. Baeza, autor de libros como ETA nació en un seminario, no entraba en principio en los planes de las tres formaciones que parecen apoyar el pacto de progreso.
La pérdida de seis concejales y la mayoría absoluta del PP en Burgos no parece sorprendente a la vista de su pintoresca gestión en los últimos años. Como ejemplo, el ingreso por error de 20 millones en una cuenta de un conductor municipal de autobuses que éste no ha devuelto; o las obras en la Plaza Mayor, oficialmente todavía plaza de José Antonio, que tras dos años de obras hubo de ser levantada de nuevo por las inundaciones que ocasionaba en el aparcamiento inferior.
El que fuera concejal de Urbanismo y candidato del PP a la alcaldía, Ángel Ariznavarreta, tendrá que declarar en el llamado caso de las equivalencias, sobre la utilización de diferentes baremos, según las constructoras, para determinar las viviendas que podían construirse en cada solar. Los tribunales han anulado en el mandato pasado varios nombramientos de altos cargos municipales; el último y más sonado el del responsable de Planeamiento Urbanístico, José Luis Izquierdo. Funcionarios municipales denunciaron también al recaudador por entender que dejaba prescribir deudas de modo que el consistorio perdió cientos de millones de pesetas. Otro caso llamativo es el relativo a la concejal del PP Pilar Martínez, en espera de juicio por presunta prevaricación en el caso Samoa, una feria agrícola y de automoción presupuestada en tres millones que costó 25.