PIDE QUE SEAN URBANOS UNOS TERRENOS Una empresa promotora exige 40.000 millones a Pilar de la Horadada
Una de las mayores promotoras urbanísticas de la Vega Baja, Mil Palmeras SA (Milpasa), reclama una indemnización de 40.000 millones de pesetas al Ayuntamiento de Pilar de la Horadada, al no haber aplicado éste una sentencia del Tribunal Supremo que le obliga a declarar urbano un suelo que el Consistorio calificó como urbanizable. El responsable de Milpasa, Justo Antonio Quesada, acusa al alcalde, Ignacio Ramos, del PSPV, de engañar a los ciudadanos y de desentenderse de la reclamación.
La reclamación económica se ha registrado esta semana en el Ayuntamiento de Pilar de la Horada, a pesa...
Una de las mayores promotoras urbanísticas de la Vega Baja, Mil Palmeras SA (Milpasa), reclama una indemnización de 40.000 millones de pesetas al Ayuntamiento de Pilar de la Horadada, al no haber aplicado éste una sentencia del Tribunal Supremo que le obliga a declarar urbano un suelo que el Consistorio calificó como urbanizable. El responsable de Milpasa, Justo Antonio Quesada, acusa al alcalde, Ignacio Ramos, del PSPV, de engañar a los ciudadanos y de desentenderse de la reclamación.
La reclamación económica se ha registrado esta semana en el Ayuntamiento de Pilar de la Horada, a pesar de que la actuación urbanística que ha desencadenado el litigio data de hace once años. El Ayuntamiento pilareño aprobó en 1988 una delimitación de suelo urbano que afectaba a medio millón de metros cuadrados propiedad de Milpasa. La promotora comenzó a urbanizar calles, a instalar alcantarillado y a vender viviendas de la urbanización que había proyectado. La Consejería de Obras Públicas, de la que entonces era titular el socialista Eugenio Burriel, impugnó el acuerdo de delimitación, e inició un proceso judicial que zanjó años después el Tribunal Supremo con una sentencia que favoreció a Milpasa. El alto tribunal falló que la delimitación del suelo era ajustada a derecho. Pero antes de ese pronunciamiento el Consistorio rectificó y aprobó unas normas subsidiarias que dejaban los terrenos como urbanizables. En pleno litigio, la Consejería de Obras Públicas paralizó las obras. Y así siguen. El gerente de Milpasa, Daniel Bascuñana, declaró ayer que la reclamación de 40.000 millones que ahora se exige al Ayuntamiento es el paso previo a la presentación de un recurso contenciso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia valenciano. La cuantificación económica se ha realizado tras un estudio sobre el lucro cesante, es decir, el dinero que la promotora ha dejado de ingresar a consecuencia de la paralización de las obras más los intereses de demora. "Hay que tener en cuenta que el proyecto de la urbanización contemplaba la construcción de varios miles de viviendas en la franja costera", dijo Bascuñana. El litigio contra el Ayuntamiento de Pilar de la Horadada es muy similar al que Milpasa mantiene con el Ayuntamiento de Orihuela, aunque, en este último caso, la reclamación es sensiblemente inferior: 21.000 millones de pesetas. En este pleito, el Supremo invalidó la delimitación de suelo urbano que aprobó Orihuela bajo el mandato municipal del ex consejero de Obras Públicas Luis Fernando Cartagena. El PSPV de Orihuela relacionó esa la delimitación de suelo que realizó el Consistorio oriolano en 1998 con las cesiones de crédito que supuestamente suscribió Luis Fernando Cartagena con el Banco de Santander, un turbio asunto que aún investiga la Audiencia Nacional y que forzó la dimisión de Cartagena. Justo Quesada acusó ayer al alcalde socialista de Pilar de la Horadada, Ignacio Ramos, de engañar a los ciudadanos y de desentenderse de la reclamación económica. En opinión del promotor, el Consistorio pilareño debe defender sus actuaciones aprobadas y cobradas "para no incurrir en prevaricación, y para no grabar a su pueblo con la carga de nuestra reclamación". Ramos se ha escudado en que el problema es "hederado", pero a eso responde Milpasa que el conflicto lo mantiene el alcalde y su abogado por olvidar que el Ayuntamiento concedió, el 17 de junio de 1988, la licencia para la infraestructura de la frustrada urbanización.