El Gobierno negociará con el PSOE la Ley de Víctimas del Terrorismo

El Gobierno está dispuesto a negociar con el PSOE la alternativa que los socialistas presentaron el pasado fin de semana a la proposición de Ley de Víctimas del Terrorismo, cuyo texto fue elaborado hace ya casi dos meses por el vicepresidente Francisco Álvarez Cascos. El Ejecutivo pone una sola condición: que la nueva proposición se pacte y tramite en el Parlamento antes de que culmine el actual periodo de sesiones, a finales de junio. Izquierda Unida y los socios nacionalistas del Gobierno, CiU y PNV, también están conformes.

Un portavoz de la Presidencia del Gobierno aseguró ayer a es...

El Gobierno está dispuesto a negociar con el PSOE la alternativa que los socialistas presentaron el pasado fin de semana a la proposición de Ley de Víctimas del Terrorismo, cuyo texto fue elaborado hace ya casi dos meses por el vicepresidente Francisco Álvarez Cascos. El Ejecutivo pone una sola condición: que la nueva proposición se pacte y tramite en el Parlamento antes de que culmine el actual periodo de sesiones, a finales de junio. Izquierda Unida y los socios nacionalistas del Gobierno, CiU y PNV, también están conformes.

Un portavoz de la Presidencia del Gobierno aseguró ayer a este diario que sigue en pie la oferta hecha por José María Aznar en diciembre pasado para tramitar una proposición consensuada de Ley de Víctimas del Terrorismo, por lo que el Ejecutivo está dispuesto a negociar la alternativa al texto presentada por el PSOE el pasado fin de semana. "Estamos de acuerdo en que la proposición de ley la debemos presentar todos juntos, Gobierno y partidos, como una iniciativa común, sin protagonismos de nadie", señaló ayer un portavoz de La Moncloa.Con ese objetivo, el Gobierno negociará con los socialistas su texto alternativo. "Si se producen nuevas dificultades que pongan en riesgo la tramitación de la ley este mes de junio, en ese caso iremos con los apoyos que tenemos, aunque no haya unanimidad", añade el portavoz.

El secretario de Estado de Comunicación del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, señaló ayer a este diario que su texto "lo único que pretende es introducir algunas mejoras al que presentó Alvarez Cascos" y que ya recogía algunas de las propuestas socialistas. "Prueba de ello es que ni hemos registrado el texto en el Congreso ni tampoco lo hemos publicado. No es un texto de rechazo del anterior sino de mejora", dijo.

El texto del PSOE enfatiza el reconocimiento moral por parte de la sociedad a las víctimas del terrorismo y trata de materializarlo a través de la concesión de la Medalla al Mérito Civil a todos los fallecidos, heridos y secuestrados en actividades terroristas. Propone unas indemnizaciones "más equilibradas" a las víctimas y que se extiendan los beneficios a las parejas de hecho.

También sugiere una nueva definición de los actos que dan lugar a la aplicación de la ley para proteger "sin ninguna duda" a quienes han sido víctimas de la actividad de la extrema derecha. En este punto, IU tratará, en la negociación final, de extender como beneficiarios a las víctimas de los "excesos policiales" en la fase final del franquismo -el ámbito de la ley abarca desde enero de 1968- y en la etapa de la transición democrática. "Queremos que se apliquen los beneficios de esta ley a todos los que lucharon por la implantación de la democracia en España", señaló un portavoz de IU.

CiU y PNV ya estaban predispuestos a firmar el texto presentado por Álvarez Cascos, aunque los nacionalistas vascos presentan algunas trabas a la fecha de aplicación de la ley. El PNV prefiere que, en vez desde 1968 -cuando se produjo el primer asesinato de ETA-, la ley se aplique desde la transición democrática. No pondrán obstáculos a una última renegociación de la ley.

Los socialistas coinciden con el Gobierno y todos los partidos en la necesidad de que la proposición de ley se termine de negociar y se tramite antes de que finalice el actual periodo de sesiones, este mes de junio. Si se consigue un consenso de todos los grupos, la puesta en marcha de la proposición de ley se acelerará considerablemente, puesto que se ahorrarán trámites como el del dictamen del Consejo de Estado.