García Marcos impugna las tasas municipales del agua en Marbella
Isabel García Marcos, candidata a la alcaldía de Marbella por el PSOE, interpuso el lunes un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía contra los acuerdos plenarios que rigen desde marzo las tasas del agua en el municipio. Para García Marcos, las tarifas del agua en Marbella son "especulativas y arbitrarias". En un comunicado emitido ayer, la candidata acusó al equipo de gobierno de Gil de fijar precios "muy por encima del coste real" y de hacer revertir ilegalmente los gastos de la corporación sobre el bolsillo de los ciudadanos, a través de la fact...
Isabel García Marcos, candidata a la alcaldía de Marbella por el PSOE, interpuso el lunes un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía contra los acuerdos plenarios que rigen desde marzo las tasas del agua en el municipio. Para García Marcos, las tarifas del agua en Marbella son "especulativas y arbitrarias". En un comunicado emitido ayer, la candidata acusó al equipo de gobierno de Gil de fijar precios "muy por encima del coste real" y de hacer revertir ilegalmente los gastos de la corporación sobre el bolsillo de los ciudadanos, a través de la factura del agua o de los impuestos municipales. García Marcos señaló que el jefe del Servicio Económico de la corporación, Antonio Luque, había estimado en 970 millones de pesetas el coste del suministro de agua, pero que el convenio con la empresa concesionaria, AQUAGEST, se firmó por valor de 1.300 millones, con lo que en esta operación se perdieron 330 millones de pesetas de dinero público. Afirmó también que en el coste del servicio se incluyeron indebidamente los recibos impagados. Según aseguró la candidata socialista, AQUAGEST afirmó que el propio Ayuntamiento les impidió reclamar el pago a algunos morosos, como el hotel Andalucía Plaza (32 millones de pesetas), el Puerto Deportivo de Marbella (22 millones), y el Club Financiero Inmobiliario (residencia y sede privada de los negocios de Jesús Gil, que les debía 3.5 millones). Atlético de Madrid Otra concejala de Marbella, Rosalía Mata, del Partido Popular, impugnó por el mismo procedimiento un acuerdo plenario del ayuntamiento en el que se decía que el patrocinio del Atlético de Madrid no había perjudicado al Consistorio. En el comunicado que Mata hizo público ayer se decía que el acuerdo en cuestión equivale a "la utilización del pleno para conferir apariencia de legalidad actos presuntamente delictivos". Para la concejala, el alcalde "ha conculcado el deber de objetividad que debe presidir todo acto de las administraciones públicas".