Los usuarios de Alarcón dicen que no saldrá ni una gota de agua y critican el "decretazo" del Gobierno
La Unidad Sindical de Usuarios del Júcar (USUJ), organización propietaria de los derechos del agua que almacena el embalse de Alarcón, se niegan a que de éste salga "ni una sola gota de agua" de los cinco hectómetros cúbicos que el Gobierno tiene intención de enviar desde el Júcar a la comarca de La Marina Baixa. USUJ, que suministra agua a 45.000 hectáreas de riegos tradicionales en la Comunidad Valenciana, distribuida en 30 términos municipales, y de los que viven 50.000 familias, también ha criticado el "decretazo" del Gobierno que desde ayer permite este envío hídrico. El Ejecutivo volvió...
La Unidad Sindical de Usuarios del Júcar (USUJ), organización propietaria de los derechos del agua que almacena el embalse de Alarcón, se niegan a que de éste salga "ni una sola gota de agua" de los cinco hectómetros cúbicos que el Gobierno tiene intención de enviar desde el Júcar a la comarca de La Marina Baixa. USUJ, que suministra agua a 45.000 hectáreas de riegos tradicionales en la Comunidad Valenciana, distribuida en 30 términos municipales, y de los que viven 50.000 familias, también ha criticado el "decretazo" del Gobierno que desde ayer permite este envío hídrico. El Ejecutivo volvió ayer a recurrir a un decreto para modificar por la vía de urgencia una ley, en este caso la que regula el acueducto Tajo-Segura. La intención es poder utilizar ese canal para llevar agua desde el Júcar a poblaciones con riesgo de sufrir restricciones, como Benidorm, Altea, Villajoyosa, Callosa d"En Sarrià, Alfaz del Pi, La Nucía, Polop y Finestrat y para dar de beber a una población estacional en verano cercana a los 500.000 habitantes. La toma se haría en Alarcón. Pero según Juan Valero, secretario general de USUJ, esta modificación de la ley mediante un real decreto-ley no le parece "el procedimento adecuado". A su juicio, "hay muchos colectivos y muchas comunidades autónomas implicadas" por lo que opina que "hubiera sido mejor que se produjera un debate en las Cortes en el que se escuchase a todas las partes afectadas". Según USUJ, el envío sólo se debería dar en casos de restricciones de abastecimientos. "El decretazo sólo estaría justificado en estos casos", defendió Valero, al que no le "consta" ninguna restricción. Y se lamentó de que "con este procedimiento se abre una vía para todo tipo de usos". La amenaza está clara: "No saldrá ni una gota de agua de Alarcón si no se indemniza a los usuarios, que son los que tienen los derechos". También se reserva todas las medidas jurídicas a adoptar en caso de que se diera ese paso.