Los jueces vascos exigen más rigor a los centrales en sus órdenes de registro
La Junta Sectorial de Jueces de Instrucción de San Sebastián ha acordado "no proceder a la realización" de registros solicitados por los de la Audiencia Nacional cuando en las resoluciones que los ordenen "no se observen de forma rigurosa" los requisitos legales, en especial la concreción y el objeto de los mismos. El detonante de esta decisión, remitida al CGPJ para que se la haga llegar a los jueces centrales, fue el auto de Teresa Palacios de registrar la sede de HB, anulado después por Baltasar Garzón.
La reunión de la Junta Sectorial de Jueces de Instrucción de San Sebastián se cel...
La Junta Sectorial de Jueces de Instrucción de San Sebastián ha acordado "no proceder a la realización" de registros solicitados por los de la Audiencia Nacional cuando en las resoluciones que los ordenen "no se observen de forma rigurosa" los requisitos legales, en especial la concreción y el objeto de los mismos. El detonante de esta decisión, remitida al CGPJ para que se la haga llegar a los jueces centrales, fue el auto de Teresa Palacios de registrar la sede de HB, anulado después por Baltasar Garzón.
La reunión de la Junta Sectorial de Jueces de Instrucción de San Sebastián se celebró el 26 marzo, once días después de que la juez Teresa Palacios, de la Audiencia Nacional, ordenase el registro por la Guardia Civil de la sede de HB en esa ciudad.Entre los presentes se hallaba el titular del Juzgado de Instrucción número 1, Augusto Maeso, a quien había correspondido cumplimentar la orden de Palacios que tres días después, el 29, por recurso de Íñigo Iruin, abogado de HB, fue anulada por Baltasar Garzón, quien ordenó la devolución del material informático y documental intervenido. Además, asistieron los jueces Ana Merino, Francisco Javier Frauca, María Nieves Uranga y la decana María Victoria Cinto.
Los reunidos analizaron las solicitudes de cooperación procedentes de los juzgados centrales para practicar, por delegación, entradas y registros. Así, reiteraron las quejas ya expuestas en 1996 y 1997 y consideraron necesario "insistir en la persistencia de las irregularidades y los defectos formales observados en las resoluciones por las que se acuerdan dichas diligencias".
La Junta recuerda que a sus integrantes corresponde, según el artículo 7 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, "la garantía de la tutela efectiva de los derechos y libertades reconocidos en el capítulo segundo del Título I de la Constitución española, entre los que se menciona en su artículo 18 el derecho a la intimidad en su concreción de la inviolabilidad del domicilio".
A la vista de este deber judicial y "dada la limitación del derecho fundamental que comportan" las recientes irregularidades de las resoluciones procedentes de los jueces centrales, "la Junta acuerda no proceder a la realización de dichas solicitudes de cooperación jurisdiccional en las que no se observen de forma rigurosa los requisitos establecidos en el Título VIII del Libro II de la Ley de Enjuiciamiento Criminal", que regula la entrada y registro en lugar cerrado.
Entre los requisitos que considera necesario observar, la Junta detalla, "en especial, los hechos presuntamente delictivos que motivan la diligencia y los objetos, efectos o instrumentos que han de ser recogidos por la autoridad judicial". También se refiere a la disponibilidad de medios del juzgado de guardia y a la compatibilidad de los registros delegados con el desarrollo de las funciones de cada juzgado.
El acuerdo fue remitido a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco y al CGPJ "con el ruego de que se haga llegar a la Junta de Jueces Centrales de Instrucción" a través de su decano.
En contraste con esta exigencia de rigor, Palacios se limitó a ordenar, a instancia policial, el registro del domicilio de HB para intervenir documentos, disketes, datos..., "que se pudieran encontrar relacionados" con el proceso penal que instruye.