El ex presidente de Cepymev declara que dependía de la CEV para gestionar las subvenciones públicas
El ex presidente de la Confederación Empresarial de la Pequeña y Mediana Empresa Valenciana (Cepymev), Cesáreo Fernández, aseguró ayer que la entidad no tenía autonomía ni margen de maniobra respecto a su organización madre -la Confederación Empresarial Valenciana (CEV)- para gestionar los fondos de formación. Fernández, a numerosas preguntas del fiscal, negó el más mínimo conocimiento de las posibles irregularidades que investiga el juez. Por otra parte, la CEV decidió ayer reservar 10 millones para defender a cinco ex cargos llamados a declarar.
Además, el ex presidente de Cepymev, qu...
El ex presidente de la Confederación Empresarial de la Pequeña y Mediana Empresa Valenciana (Cepymev), Cesáreo Fernández, aseguró ayer que la entidad no tenía autonomía ni margen de maniobra respecto a su organización madre -la Confederación Empresarial Valenciana (CEV)- para gestionar los fondos de formación. Fernández, a numerosas preguntas del fiscal, negó el más mínimo conocimiento de las posibles irregularidades que investiga el juez. Por otra parte, la CEV decidió ayer reservar 10 millones para defender a cinco ex cargos llamados a declarar.
Además, el ex presidente de Cepymev, que acudió al Juzgado de Instrucción número 9 de Valencia con garantías de imputado, destacó durante buena parte de su comparecencia las características de su cargo: meramente representativas, dijo, revestidas de cierto ornato pero alejadas de competencias o conocimiento directo alguno sobre la rutina diaria de la organización. ¿Conoce la identidad del encargado de gestionar las subvenciones que solicitaba Cepymev?. No. ¿Sabe quién era el responsable de otorgar las ayudas de las que su confederación disponía? No. ¿Tiene constancia de cuantos millones de subvenciones se repartieron a sus asociados durante su mandato? No. Buena parte de las preguntas que Vicente González, el fiscal anticorrupción encargado del caso, realizó ayer, obtuvieron respuestas lacónicas. Casi siempre, negativas. Fernández comentó de manera explícita, ayudado a veces por su abogado, que la patronal de las compañías de tamaño menor carecía de autonomía "económica, financiera, administrativa o de gestión" respecto a su nodriza, la CEV. Es más, interrogado por el fiscal, concretó que carecía de "contabilidad", "departamento técnico" o "tesorero". Por no tener, no tenía "apenas personal", aseguró Fernández, quien dijo "imaginar" que el uso de los fondos dependía del citado "departamento técnico" y dijo "creer" que el responsable de ese grupo de trabajo era "Luis Espinosa", entonces secretario de la CEV. Referencia a Espinosa En consecuencia, su declaración, según fuentes cercanas al caso, no aportó nada relevante. El empresario del metal eludió cualquier participación en las posibles irregularidades al reducir las funciones de su cargo a las relaciones sociales (o institucionales), tras aclarar que su organización era un simple apéndice de la CEV y manifestar su desconocimiento respecto a qué ejecutivos, si es que lo hacían en Cepymev, solicitaban y repartían las subvenciones. Eso sí, el que fuera presidente de Cepymev durante dos mandatos, entre 1988 y diciembre de 1996, atribuyó el grueso de la responsabilidad sobre cualquier tema a los gestores de la CEV. Tal como hizo el lunes su homólogo en esa organización, José María Jiménez de Laiglesia, ambos apuntaron de manera velada al ex secretario general de la patronal, Luis Espinosa. Precisamente, el juez comunicó ayer a Espinosa la fecha de su comparecencia: el 16 de junio, después de las elecciones municipales y autonómicas que se celebran tres días antes. El responsable de la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI), un organismo dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores, ha conseguido retrasar su declaración durante casi dos meses merced a su responsabilidad en la ayuda que España presta a los kosovares refugiados en Albania o Macedonia. Ahora bien, a la luz de las declaraciones de los presidentes de CEV y Cepymev, la declaración de Espinosa puede ser clave en la investigación del caso, que pretende esclarecer si la patronal valenciana utilizó de manera fraudulenta o irregular decenas de millones de pesetas, procedentes de la Fundación para la Formación Continúa (Forcem) y, en principio, destinadas a subvencionar o sufragar cursos de formación de los trabajadores. .