La indemnización a 170 familias por desalojar Sanchinarro no les permite comprar un piso
Las 170 familias que deberán abandonar las casas bajas en las que residen desde hace décadas en Sanchinarro para que se levante un nuevo barrio privado con 12.000 viviendas recibirán como indemnización mucho menos dinero del que cuestan los pisos más baratos. Cuarenta de las 170 familias llamaron ayer "ladrón" al alcalde, José María Álvarez del Manzano, que fue al barrio a colocar la primera piedra. Los vecinos creen que el Ayuntamiento les estafa al dejar en manos privadas la gestión del barrio. Ahora les ofrecen 7.000 pesetas por metro cuadrado de sus propiedades y dos millones por el desalo...
Las 170 familias que deberán abandonar las casas bajas en las que residen desde hace décadas en Sanchinarro para que se levante un nuevo barrio privado con 12.000 viviendas recibirán como indemnización mucho menos dinero del que cuestan los pisos más baratos. Cuarenta de las 170 familias llamaron ayer "ladrón" al alcalde, José María Álvarez del Manzano, que fue al barrio a colocar la primera piedra. Los vecinos creen que el Ayuntamiento les estafa al dejar en manos privadas la gestión del barrio. Ahora les ofrecen 7.000 pesetas por metro cuadrado de sus propiedades y dos millones por el desalojo. Estos vecinos tendrán que pagar más de 10 millones para comprar una vivienda de protección oficial en Sanchinarro.
Algunas de estas familias, como la de Fernando del Pozo, desempleado, disponen de una finca de 480 metros cuadrados. Es decir, que le corresponderán 3,3 millones de pesetas. A esta cantidad deberá sumarle otros dos millones por el desalojo. En total, 5,3 millones de pesetas. Insuficiente para comprar una de las casas más baratas que se edificarán en el nuevo barrio, las de protección oficial (una vivienda de 90 metros cuadrados cuesta unos 12 millones de pesetas). Pero hay más: "En la finca vivimos dos familias: mis suegros, por un lado, y nosotros, por el otro; con el dinero que nos dan no tenemos para nada", se queja Del Pozo.
La gestión del nuevo barrio, situado al norte de Madrid, entre la carretera de Burgos, la Vía Borde de Hortaleza y la M-40, está en manos privadas por voluntad expresa del gobierno municipal del Partido Popular, que renunció a dirigir la operación desde un consorcio público, como hace el Gobierno de la Comunidad, también del PP, en los municipios de la periferia.
Los privados son los propietarios del terreno. El 97% de esos dueños del suelo está de acuerdo con las condiciones del Ayuntamiento de comprar el terreno a 7.000 pesetas el metro cuadrado. "Cuando se tienen muchas hectáreas, ese precio representa una millonada; cuando se tienen 500 metros cuadrados, y sobre ellos la vivienda, es la ruina", aclara Del Pozo. Los dueños del 3% restante son 40 familias que se niegan a abandonar sus casas. El alcalde, en el discurso previo a la colocación de la primera piedra, aseguró que las intenciones del Ayuntamiento pasan por que el "100% de los vecinos estén de acuerdo".
No parece fácil. Otro de los residentes vive en una finca de 1.000 metros cuadrados con piscina. Le corresponderían, por tanto, nueve millones. Con esto tendría que pagar tres viviendas, ya que ahora residen ahí tres ramas de la misma familia.
Historia del cabrero
Hay más problemas. En una de las fincas vive un cabrero con sus seis hermanos, sus padres y, en un corral, su rebaño de cabras. "Dígame a mí qué hago yo con mi rebaño en un piso cuando todo esto sean casas", se queja el cabrero. El concejal de Urbanismo, Ignacio del Río, del PP, aseguró ayer que estas familias están siendo empujadas por "un abogado que quiere sacar más dinero de sus minutas". El que espoleó el martes a los vecinos descontentos a que se presentaran a silbar y a insultar al alcalde fue Fernando del Pozo. "Lo hice porque estoy en el paro y tengo tiempo libre para estas cosas", aclara, y añade que no cuentan con ningún abogado que les lleve, colectivamente, la defensa de sus derechos. Del Río recordó que en el erial de Sanchinarro viven ahora 170 familias. "Y sólo protestan 40, el resto está de acuerdo", recordó.
El vecino Del Pozo tiene su teoría: "Muchos de los que no protestan es porque no pueden: viven de alquiler y al dueño le interesa vender". Al final, Del Río concluyó que si, a pesar de todo, no hay acuerdo se practicará una expropiación forzosa para que prevalezca lo que él llama el bien común.
Mientras se celebraba el acto protocolario de la colocación de la primera piedra, los vecinos protestaban detrás de una valla y enarbolaban una pancarta en la que se leía: "Que nos compren nuestras casas, no que nos las roben". Los políticos, empresarios y promotores inmobiliarios se felicitaban sobre el éxito del futuro barrio. "Nosotros estábamos aquí hace 20 años, cuando nadie quería vivir aquí, cuando todo quedaba lejos; ahora que vale dinero, nos echan con cuatro perras. No lo consentiremos", insistió Del Pozo.