Los partidos de Reus piden al alcalde que destituya al jefe de la Policía Local
La continuidad en su cargo del jefe de la Policía Local de Reus, Domingo González, se encuentra de forma directa en manos del alcalde de la ciudad, el socialista Josep Abelló, quien ha recibido una petición de todos los representantes políticos municipales para que se tomen medidas en contra del agente y se le destituya del cargo. El pasado jueves, Domingo González se negó a testificar ante la comisión de seguimiento municipal que investiga los conflictos originados en los últimos meses en la Policía Local.
Domingo González se encuentra imputado en el denominado caso de la ruleta rusa ...
La continuidad en su cargo del jefe de la Policía Local de Reus, Domingo González, se encuentra de forma directa en manos del alcalde de la ciudad, el socialista Josep Abelló, quien ha recibido una petición de todos los representantes políticos municipales para que se tomen medidas en contra del agente y se le destituya del cargo. El pasado jueves, Domingo González se negó a testificar ante la comisión de seguimiento municipal que investiga los conflictos originados en los últimos meses en la Policía Local.
Domingo González se encuentra imputado en el denominado caso de la ruleta rusa -en el que un agente hirió de un disparo con su arma reglamentaria al vigilante del depósito municipal de vehículos- por un presunto delito de encubrimiento y obstrucción a la justicia. El responsable de la policía se negó a declarar ante la comisión municipal porque así se lo había recomendado su abogado. González puntualizó que podía testificar sobre cualquier otro asuntoo excepto de todo lo referido con este caso, pese a que el juez que instruye las diligencias no ha dictaminado todavía el secreto del sumario. El silencio del jefe de la policía provocó la convocatoria de una reunión extraordinaria de la comisión del Ayuntamiento, en la que se decidió dar cuenta al alcalde de la negativa de González a prestar declaración y a colaborar en la clarificación de los hechos. A la actitud del agente se sumó días después la de la junta de personal de la policía, que amenazó con denunciar al consistorio reusense si éste persistía en su negativa a proporcionar cobertura legal a los ocho agentes imputados en este caso, también por un presunto delito de obstrucción a la justicia. Por su parte, el consistorio aseguró que estos hechos han comportado la apertura de un expediente contra cada agente y que hasta que no se resuelva el caso los policías no pueden apelar a sus abogados. No obstante, un portavoz municipal puntualizó que el Ayuntamiento ha ofrecido a los agentes la realización de una derrama para sufragar su defensa. La creación de la comisión de seguimiento se acordó a finales de marzo, después de que diversos responsables del consistorio evaluasen el efecto que entre la ciudadanía han provocado los últimos acontecimientos ocurridos en el seno de la policía local. Además del caso de la ruelta rusa, el cuerpo se ha visto salpicado en los últimos meses por diversos incidentes. A un agente se le acusó de la supuesta participación en el accionariado de uno de los prostíbulos desmantelados recientemente en Reus y al responsable de la grúa municipal se le detuvo por conducción bajo los efectos del alcohol. Este último no pertenece a la Guardia Urbana, sino a una empresa subcontratada. Desmoralización policial La comisión está integrada por representantes de todos los grupos políticos, que pretenden realizar una radiografía de la situación actual del cuerpo. Además, se ha constatado una cierta desmoralización entre los policías al haber sido cuestionado su trabajo públicamente. La crítica situación creada en la Policía Local tiene sus orígenes el pasado 30 de enero, cuando el agente Pedro Esquís disparó su arma contra el vigilante jurado del depósito municipal de vehículos, Pedro Martínez, a quien hirió de gravedad en el pecho. Según relató la víctima, Esquís había desenfundado su revólver cuando simulaba jugar a la ruleta rusa. Por otra parte, la versión del acusado, que permanece en prisión por un delito de homicidio en grado de tentativa, estriba en que creía que el arma estaba descargada y que ésta se disparó de forma accidental. Esquís solicitó al vigilante que testificara que se había autolesionado. El resto de agentes están imputados porque en los atestados se apreciaron diversas contradicciones; por ejemplo, la posible manipulación de las cintas que registran las llamadas telefónicas a la central de la policía o la desaparición del casquillo del proyectil. Cuando ocurrieron los hechos, Esquís estaba pendiente de cumplir una pena de dos meses y medio de suspensión de empleo y sueldo por un delito de lesiones. El agente había golpeado a un vecino de Reus a quien la grúa municipal se le quería llevar el vehículo.