La Fiscalía Anticorrupción y el Supremo reactivan la investigación de los casos del PP

La Fiscalía Anticorrupción abrió ayer diligencias informativas para investigar la denuncia presentada por el ex presidente del PP tinerfeño Francisco de la Barreda sobre supuestos casos de corrupción cometidos por miembros de su partido. Esta decisión intensificó el fuerte impacto provocado en medios políticos y jurídicos por la declaración de un constructor del caso Zamora que confesó en el Tribunal Supremo haber entregado un millón de pesetas para la campaña de José María Aznar a la Junta de Castilla y León de 1987. El instructor del Supremo ordenó ayer 10 nuevas comparecencias.

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La Fiscalía Anticorrupción abrió ayer diligencias informativas para investigar la denuncia presentada por el ex presidente del PP tinerfeño Francisco de la Barreda sobre supuestos casos de corrupción cometidos por miembros de su partido. Esta decisión intensificó el fuerte impacto provocado en medios políticos y jurídicos por la declaración de un constructor del caso Zamora que confesó en el Tribunal Supremo haber entregado un millón de pesetas para la campaña de José María Aznar a la Junta de Castilla y León de 1987. El instructor del Supremo ordenó ayer 10 nuevas comparecencias.

La decisión de la Fiscalía Anticorrupción en el caso Tenerife se suma a las acciones ejercitadas por su fiscal jefe, Carlos Jiménez Villarejo, en el caso Zamora, mediante una denuncia que ha resultado trascendental para reforzar la línea de acusación, que el martes obtuvo sus mejores resultados con la confesión del constructor Antonio Sangregorio sobre las irregularidades de la Diputación zamorana.El ex presidente del PP tinerfeño Francisco de la Barreda entregó el mes pasado en la Fiscalía Anticorrupción documentación sobre la adjudicación de la distribución del gas en Canarias y del Parque Eólico de Fuencaliente (La Palma) a la empresa Unelco por parte del consejero de Industria, Alfredo Vigara, del PP, así como autorizaciones para instalar dos centros comerciales.

Anticorrupción aceptó la documentación sobre los referidos casos de corrupción y sobre las amenazas que recibieron De la Barreda y la abogada del PP Julia Bango, que investigaba la recalificación de unos terrenos en la localidad tinerfeña de Tegueste. De la Barreda, que había puesto los hechos en conocimiento del presidente regional del PP, José Miguel Bravo de Laguna, denunció que Vigara podría haber incurrido en un delito de prevaricación al conceder dichas adjudicaciones a Unelco, ya que había sido consejero de esa empresa, aunque en el momento de las concesiones ya no ocupara ese cargo.

Petición de documentos

Tras conocer la apertura de diligencias, De la Barreda anunció que mantendrá una reunión con su abogado para presentar una ampliación de sus actuaciones ante la Fiscalía Anticorrupción, a la que entregará los documentos que ayer presentó ante el Comité de Derechos y Garantías del PP. Anticorrupción ha solicitado por su parte a la Consejería de Industria de Canarias que le remita toda la documentación literal que posea sobre las irregularidades denunciadas por De la Barreda.Entretanto, ayer se conocieron algunos nuevos datos de la declaración del constructor Antonio Sangregorio, que contribuyen a explicar los motivos de su confesión.

Así, para ilustrar en qué consistían las "comisiones indirectas" que los constructores tenían que pagar a la Diputación, Sangregorio indicó que tuvo que realizar gratuitamente las obras de acondicionamiento de la vivienda del delegado de Obras del PP en la Diputación provincial Felipe García García quien, no contento con ello, le envió de paso la factura de los muebles, dejando al constructor al cargo de una deuda de unos tres millones de pesetas en total. Al final, García accedió a devolverle 750.000 pesetas "porque incluso a él acabó dándole vergüenza", según detalló el constructor.

Felipe García ha sido citado para declarar el próximo 20 de abril, día en que también comparecerá Miguel Vecino, uno de los tres constructores que, según Antonio Sangregorio, contribuyó con él y con César Martínez Omaña a la entrega conjunta de tres millones de pesetas para la campaña de José María Aznar a la Presidencia de la Junta de Castilla y León.

El magistrado instructor del Supremo para el caso Zamora, José Antonio Martín Pallín, decretó ayer mismo una nueva ronda de comparecencias que afecta a 10 nuevos imputados y testigos, que se suman a otros siete pendientes de presentarse.

Para esta tarde han sido citados Isaías Galende Sastre, diputado provincial con UCD y AP desde 1979 hasta 1995, y Manuel Jambrina Gómez, diputado provincial del PP entre 1987 y 1995.

El martes día 20 además de Felipe García García -que no ha comparecido en dos ocasiones anteriores por problemas de salud- y Miguel Vecino Cordero, ha sido llamado Pedro Álvaro Martín, ex ingeniero jefe de Obras de la Diputación, informa El día 21 serán interrogados como testigos Felipe Gallego Alonso, actual secretario general de la institución provincial; Lorenzo Martín García, ex oficial mayor y técnico de la Diputación, y Horacio Espina Méndez, ex oficial mayor.

Martín Pallín ha citado como testigos para el jueves 22 a Emeterio Higelmo Álvarez, ex interventor; Eduardo Vidal Gutiérrez, ingeniero del área de Obras y socio del constructor Eduardo Corrales, y Javier Aguado Hernández, actual diputado provincial del PP.

Para el martes 28 deberán declarar el constructor imputado Elidoro Tábara Lobo, de la empresa Hermanos Tábara, que tampoco compareció en otra ocasión anterior por problemas de salud; María Paz Ortega Moro, accionista de Zamorana de Seguridad y esposa del presidente de esta sociedad, Casto Lorenzo Ortega, y el ingeniero jefe de Obras Ángel Macho Jiménez.

El testimonio de este último reviste particular interés al tratarse del técnico al que el entonces presidente de la Diputación del PP, Antolín Martín, grabó una cinta magnetofónica en la que Macho presuntamente reconoce las adjudicaciones previas que realizaban los constructores entre sí y que éstos estaban "desmelenados".

El día 29 han sido citados por el magistrado en calidad de testigo Juan Vicente Herrera, portavoz del PP en las Cortes de Castilla-León y que previsiblemente será interrogado como autor de un informe interno del PP sobre las irregularidades en el partido que nuca llegó a trascender; Ricardo Ferrero Domingo, diputado provincial del PP; y Saturnino Cardó García, ex diputado provincial del PSOE, y que al igual que el anterior comparece en calidad de testigo.