"Pymes": una de cal y otra de arena JOSEP GONZÁLEZ I SALA

No hay duda de que la pequeña y mediana empresa (pyme) está de moda. En los últimos años, se han prodigado las declaraciones de los diferentes representantes políticos de todos los partidos a favor de la pequeña y mediana empresa. Con el ánimo de ser objetivo, quiero destacar que algunas iniciativas del Gobierno del Partido Popular han sido claramente positivas y orientadas hacia este colectivo. Sin embargo, otras veces nos sorprenden con medidas que, por el contrario, pueden perjudicar la competitividad de este tejido productivo al que pertenece más del 90% de las empresas españolas. Uno de...

No hay duda de que la pequeña y mediana empresa (pyme) está de moda. En los últimos años, se han prodigado las declaraciones de los diferentes representantes políticos de todos los partidos a favor de la pequeña y mediana empresa. Con el ánimo de ser objetivo, quiero destacar que algunas iniciativas del Gobierno del Partido Popular han sido claramente positivas y orientadas hacia este colectivo. Sin embargo, otras veces nos sorprenden con medidas que, por el contrario, pueden perjudicar la competitividad de este tejido productivo al que pertenece más del 90% de las empresas españolas. Uno de los problemas que más nos inquietan a los empresarios, como hemos denunciado reiteradamente desde PIMEC-SEFES, es el de la morosidad. Por una parte, parece que algo vamos a avanzar si se agiliza la Ley de Enjuiciamiento Civil, que establecerá medidas más efectivas para reclamar deudas morosas y que prevé un nuevo sistema para acortar los procesos judiciales. Se trata de una buena medida, que nos hacía pensar que el Gobierno había tomado cartas en el asunto y que se iniciaba un buen camino para poner freno a los morosos y, de esta manera, mejorar la economía de las pymes. Esta esperanza de las pymes no se va a confirmar en su totalidad ya que puede sufrir un grave revés si ve la luz el proyecto de ley de modificación de la Ley 13/1995 de Contratos de las Administraciones Públicas. Su artículo 116 bis establece que el subcontratista o suministrador podrá exigir al contratista un aval de los pagos que tengan un plazo superior a 120 días. En realidad, como el aval es una opción entre las partes, ¿que pyme va a exigir el mencionado aval sin temor a quedarse fuera del mercado? Por otra parte, hablar de la posibilidad de pago a 120 días o más nos parece un grave retroceso en las expectativas de mejorar la economía de los subcontratistas, teniendo en cuenta que en la Unión Europea se está hablando de 60 días. También sorprende que un eurodiputado del PP presente una enmienda a la misma propuesta de directiva europea en Bruselas, en la que pide que el aval sea obligatorio a partir del día 61º. En caso de que prospere este proyecto de ley, se pondrá en peligro la continuidad de gran número de pequeñas y medianas empresas, que son las que en realidad están financiando las grandes obras de la Administración pública y no, como parece, las grandes constructoras. Son miles de millones de pesetas retenidos durante meses por las grandes constructoras, que impiden no ya la realización de I + D por los subcontratistas y administradores ni la renovación y actualización de su estructura, sino que ponen en peligro su existencia y la de gran número de empleos fijos, mientras que el contratista principal (hoy mero gestor de obras) ve aumentar su cuenta de resultados con dinero público, sin más personas que unos pocos fijos de obras, que liquidará al término de la misma. Una buena política de apoyo a la pequeña y mediana empresa no puede tener estas contradicciones. Se debe mantener la apuesta hasta el final. Esto de una de cal y otra de arena nos hace pensar que, si bien todos sabemos hablar y hablar de la pyme, sólo unos pocos mantenemos nuestra apuesta hasta el final..

Josep González i Sala es presidente de PIMEC-SEFES, Petita i Mitjana Empresa de Catalunya