El Tribunal Superior de Justicia rechaza suspender cautelarmente el plan que expropia suelo para la ZAL
La sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana ha acordado en un auto reciente rechazar la suspensión cautelar del plan del Ayuntamiento de Valencia para aumentar el patrimonio municipal de suelo con la adquisición y expropiación de los terrenos de la huerta de Natzaret y La Punta previstos para ubicar la Zona de Actividades Logísticas (ZAL). La decisión no supone el rechazo al contencioso que mantienen seis colectivos ciudadanos contra la futura zona estratégica anexa al puerto de Valencia. Simplemente establece que el plan para con...
La sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana ha acordado en un auto reciente rechazar la suspensión cautelar del plan del Ayuntamiento de Valencia para aumentar el patrimonio municipal de suelo con la adquisición y expropiación de los terrenos de la huerta de Natzaret y La Punta previstos para ubicar la Zona de Actividades Logísticas (ZAL). La decisión no supone el rechazo al contencioso que mantienen seis colectivos ciudadanos contra la futura zona estratégica anexa al puerto de Valencia. Simplemente establece que el plan para conseguir suelo (que no es en sí mismo el proyecto para construir la ZAL) puede seguir adelante. El Plan Especial de Ampliación de Patrimonio Público del Suelo en la ZAL fue aprobado por el Consell el 23 de junio de 1998. El rechazo de los huertanos de la pedanía de La Punta, de los vecinos de Natzaret, de los ecologistas de Acció Ecologista Agró, de Esquerra Unida y de otros colectivos ciudadanos originó hasta seis recursos contenciosos administrativos, que han sido admitidos a trámite por el TSJ y que han sido acumulados en un solo caso. Sin embargo, el Instituto de Defensa y Estudio Ambiental (IDEA), organización vinculada a EU, interpuso una pieza adicional de suspensión cautelar del proceso. El auto del TSJ rechaza esta petición porque estima que acordar esta decisión implica una entrada en el fondo del asunto tratado en el contencioso. Desde IDEA se ve el auto como una decisión política que no ha evaluado las repercusiones sociales y medioambientales que suponen seguir con la compra del suelo.