La Junta y el Ayuntamiento gaditano sólo han ejecutado el 5% del plan de rehabilitación Vallejo abrirá una oficina para salvar la ineficacia del vigente sistema de reformas
El casco antiguo de Cádiz, el más deteriorado de Andalucía, tardará en ser rehabilitado, al ritmo actual, 300 años. Junta y Ayuntamiento sólo han ejecutado el 5% del convenio firmado hace más de dos años. La falta de operatividad del sistema de actuación vigente y la falta de sintonía con el Ayuntamiento de Cádiz en esta materia han provocado que la Consejería de Obras Públicas tire por la calle del medio. A primeros de marzo, publicará un decreto por el que se creará una oficina de rehabilitación con una amplia capacidad de intervención.
Pablo Lorenzo (PSOE), que fue concejal de vivien...
El casco antiguo de Cádiz, el más deteriorado de Andalucía, tardará en ser rehabilitado, al ritmo actual, 300 años. Junta y Ayuntamiento sólo han ejecutado el 5% del convenio firmado hace más de dos años. La falta de operatividad del sistema de actuación vigente y la falta de sintonía con el Ayuntamiento de Cádiz en esta materia han provocado que la Consejería de Obras Públicas tire por la calle del medio. A primeros de marzo, publicará un decreto por el que se creará una oficina de rehabilitación con una amplia capacidad de intervención.
Pablo Lorenzo (PSOE), que fue concejal de vivienda en la ciudad (1991-1995), será el gerente de este órgano y Eladio García Castro se hará cargo de la dirección técnica. Según el consejero de Obras Públicas, Francisco Vallejo, el nuevo organismo va a poder ejercer funciones propias de una Consejería. "La oficina podrá adoptar cualquier medida que requieran las circunstancias, no se establece ningún límite ni en el número de viviendas a intervenir ni en la cantidad de dinero a invertir", explica Vallejo. El consejero destacó además uno de los aspectos del decreto: la posibilidad de que la Empresa Pública de Suelo de Andalucía (EPSA) se endeude para sacar adelante los proyectos. 2.300 infraviviendas A través de una disposición transitoria, todas las promociones incluidas en el convenio firmado en su día con el Ayuntamiento pasan a ser gestionadas por la Oficina. De entrada, la Junta tendrá que afrontar la situación de unas 2.300 infraviviendas, pisos que no reúnen las condiciones mínimas de seguridad e higiene y que, generalmente, están sobrehabitados. Todo indica que se superará con creces la inversión de 7.000 millones prevista en el convenio para todas las actuaciones. Hasta ahora, nunca se había elaborado un programa con esta capacidad de delegación ni con un nivel de excepcionalidad semejante. Se trata de un primer paso adelante que Vallejo no descarta dar en otras capitales andaluzas. "No nos da miedo que esta actuación sea un elemento dinamizador de expectativas. Ojalá lleguemos a actuar igual en otros lugares", explica. Vallejo ha remitido el decreto a Teófila Martínez y le ofrecerá que ocupe la vicepresidencia del consejo de dirección del nuevo órgano. "No se trata de restar sino de sumar", afirma el consejero. El consejero también dejó claro el enfado que tiene la Junta con otros ayuntamientos andaluces gobernados por el PP: "Hemos puesto en sus manos mucho dinero y todas las medallas para colgarse, pero el uso que se ha hecho del dinero y de las oportunidades ha sido desleal".
Obras Públicas acusa a Villalobos de parar la reforma de 200 casas sociales
Nuevo conflicto entre Celia Villalobos y la Junta de Andalucía en torno al convenio-programa que en materia de vivienda suscribieron ambas instituciones en agosto de 1997. La Administración regional ha remitido un escrito a la primera edil de Málaga solicitando que levante la orden de paralización decretada por la Gerencia de Urbanismo sobre las obras de reparación de unas viviendas sociales en la barriada 25 Años de Paz. Por su parte, el Ayuntamiento de Málaga resta importancia al hecho y afirma que la actuación puede continuar. Urbanismo paralizó las obras por entender que se estaban desarrollando sin licencia. La delegación de Obras Públicas rechaza este hecho y afirma que la licencia fue solicitada en octubre de 1997 a este departamento municipal y concedida el 20 de enero de 1998. No obstante, la Administración regional admite que no ha hecho efectivo el pago de la licencia, 2.607.733 pesetas que le reclama el consistorio en concepto de tasas, ocupación de vía pública y sellos municipales. La Junta entiende que no debe hacer frente a este pago ya que el convenio firmado entre ambas administraciones recogía que el consistorio "asumirá a su costa todos los gastos derivados de impuestos, permisos, licencias, tasas o arbitrios que graven la construcción, rehabilitación o reparación de las viviendas". Carlos Morales, delegado de Obras Públicas en Málaga, afirmó ayer que quiere atribuir esta paralización a "un error" de la Gerencia de Urbanismo, ya que la obra paralizada afecta a la reparación integral de las 500 viviendas de la Administración regional en la barriada 25 Años de Paz. Morales recuerda que, con anterioridad a esta carta a la alcaldesa, ha remitido dos escritos a la Gerencia, poniendo en comunicación los hechos y, a pesar de ello, "desde ese departamento se continúa subordinando la expedición de la licencias al previo ingreso de los derechos liquidados". Francisco de la Torre, concejal responsable del área de Urbanismo, dice no entender "la insistencia" del delegado en recriminar este hecho, porque ya le ha comunicado que las obras pueden proseguir. De la Torre afirma que han surgido "problemas" a la hora de encajar "legalmente" esta exención en el pago de las tasas que figura en el convenio, pero que en los próximos días llegará la autorización. "Las obras, además, creo que siguen adelante", indicó el edil del PP. Por su parte, el delegado de Obras Públicas de la Junta de Andalucía afirma que la paralización de los trabajos, decretada mediante una resolución el pasado 18 de diciembre, afecta a una primera fase de la actuación -unas 200 viviendas- y provocará una demora en las obras.