Alicante obtiene 1.413 millones por terrenos en la playa de San Juan
El Ayuntamiento de Alicante, gobernado por el PP, sacó a subasta cuatro parcelas municipales en la Playa de San Juan, por valor de 1.025 millones de pesetas, para obtener el dinero que el Ministerio de Defensa reclama a cambio de los terrenos del cuartel de Benalúa, y para poder financiar la compra de una finca de la calle Mayor, propiedad de la CAM, para construir dependencias municipales. Las inmobiliarias han apostado fuerte en la puja y han elevado el tipo de licitación en 413 millones de pesetas. Las arcas municipales ingresarán, por tanto, 1.438 millones, una cantidad superior a lo que ...
El Ayuntamiento de Alicante, gobernado por el PP, sacó a subasta cuatro parcelas municipales en la Playa de San Juan, por valor de 1.025 millones de pesetas, para obtener el dinero que el Ministerio de Defensa reclama a cambio de los terrenos del cuartel de Benalúa, y para poder financiar la compra de una finca de la calle Mayor, propiedad de la CAM, para construir dependencias municipales. Las inmobiliarias han apostado fuerte en la puja y han elevado el tipo de licitación en 413 millones de pesetas. Las arcas municipales ingresarán, por tanto, 1.438 millones, una cantidad superior a lo que el equipo de gobierno necesita (unos 1.000 millones) para formalizar ambas adquisiciones. Las tres empresas que han participado en la subasta: Promociones Gavair, SL, y Piso Joven, solidariamente, de Elche; Inmobiliaria Osuna, SL, de Granada y Urbanizadora e Inmobiliaria Cartagenera,SA (Urbincasa), han obtenido la adjudicación. Por la parcela de mayor tamaño, de 9.656 metros cuadrados, Osuna, SL, pagará 401 millones. En total, el Consistorio se desprende de 36.271 metros cuadrados de suelo en una de las zonas de la ciudad con mayor presión urbanística: el plan parcial de La Condomina, en la playa de San Juan. La operación de venta está recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia valenciano por el grupo municipal de Esquerra Unida, formación que ha pedido la suspensión cautelar de la subasta mientras el alto tribunal resuelva el fondo de la apelación. El TSJ ya ha pedido al Ayuntamiento el expediente, que no concluirá hasta la aprobación de la venta por el pleno. Ayer, el concejal de Hacienda, Juan Seva, defendió la validez del procedimiento y acusó EU de practicar una "estrategia suicida" para bloquear la inicitiva del gobierno local. Por su parte, el portavoz de la coalición de izquierdas, José Luis Romero, sostiene que un Ayuntamiento no puede enajenar suelo para financiar inversiones, y recordó que el Tribunal Supremo ya suspendió una operación similiar en Vitoria. A su juicio, lo que está haciendo el gobierno de Díaz Alperi es "incrementar el valor del suelo" y, por tanto, "aumentar la especulación urbanística".