La Fiscalía ve indicios de delito en la gestión del alcalde de Benalmádena y solicita que se abran diligencias

La Fiscalía de la Audiencia Provincial de Málaga ha pedido al juzgado decano de Torremolinos que abra diligencias previas contra el alcalde de Benalmádena, el indepediente Enrique Bolín, al apreciar que en su gestión desde 1995 existen indicios de presuntos delitos de alzamiento de bienes, malversación, prevaricación, cohecho y contra la ordenación del territorio. La Fiscalía toma esta decisión tras estudiar dos "informes-denuncia" del PP sobre actuaciones de Bolín, que ya han sido objeto de una comisión de investigación.En el informe remitido ayer por la Fiscalía al juzgado decano de Torre...

La Fiscalía de la Audiencia Provincial de Málaga ha pedido al juzgado decano de Torremolinos que abra diligencias previas contra el alcalde de Benalmádena, el indepediente Enrique Bolín, al apreciar que en su gestión desde 1995 existen indicios de presuntos delitos de alzamiento de bienes, malversación, prevaricación, cohecho y contra la ordenación del territorio. La Fiscalía toma esta decisión tras estudiar dos "informes-denuncia" del PP sobre actuaciones de Bolín, que ya han sido objeto de una comisión de investigación.En el informe remitido ayer por la Fiscalía al juzgado decano de Torremolinos se hace mención a un posible delito de alzamiento de bienes por la ocultación de la compra del usufructo de la vivienda donde Bolín tiene fijada su residencia habitual al empresario Sebastián Carretero, que a su vez se la adjudicó en subasta, por 10.920.387 pesetas. La compra la habría realizado Bolín aun cuando sobre su sueldo pesan embargos dictados por cuatro juzgados malagueños y por la tesorería general de la Seguridad Social por un total de 39.670.454 pesetas, por lo que el fiscal entiende que el alcalde podría haber ocultado el contrato en perjuicio de sus acreedores.

La investigación solicitada por la Fiscalía deberá además esclarecer algunas de las licencias y recalificaciones urbanísticas realizadas por el equipo de Gobierno que preside Bolín, en las que, según los casos, podrían existir delitos de malversación, prevaricación, cohecho, o contra la ordenación del territorio.

Casi todas estas recalificaciones se refieren a la concesión de licencias con un volumen de edificabilidad superior a los establecidos en el Plan General de Ordenación Urbana. En la denuncia presentada por el PP se relacionan como beneficiarios de estas modificaciones a empresarios ligados a Bolín y que incluso financiaron su campaña electoral.

El juez además deberá investigar otros dos casos de presunta malversación, uno en referencia a las obras de construcción del nuevo edificio del ayuntamiento y otro a facturas pagadas por concesiones municipales realizadas sin que existiera el preceptivo expediente de contratación.