El precedente de El Laboratorio
Hace año y medio, en agosto de 1997, se produjo en Madrid otra iniciativa de autoinculpaciones a favor del movimiento okupa; en concreto, en apoyo a estos mismos jóvenes de la plaza de Cabestreros que tres meses antes habían tomado El Laboratorio, en Embajadores,68. Entre las 600 personas que mostraron su apoyo se encontraban tres diputados de IU, Juan Ramón Sanz, Mariano Gamo y Carlos Paíno; la concejal de IU Marisa Castro, y artistas, periodistas e intelectuales como Andrés Aberasturi, Montxo Armendáriz, Pilar Bardem, Juan Genovés, Javier Maqua, Juan Madrid, Vicente Molina Foix, Javier Sádab...
Hace año y medio, en agosto de 1997, se produjo en Madrid otra iniciativa de autoinculpaciones a favor del movimiento okupa; en concreto, en apoyo a estos mismos jóvenes de la plaza de Cabestreros que tres meses antes habían tomado El Laboratorio, en Embajadores,68. Entre las 600 personas que mostraron su apoyo se encontraban tres diputados de IU, Juan Ramón Sanz, Mariano Gamo y Carlos Paíno; la concejal de IU Marisa Castro, y artistas, periodistas e intelectuales como Andrés Aberasturi, Montxo Armendáriz, Pilar Bardem, Juan Genovés, Javier Maqua, Juan Madrid, Vicente Molina Foix, Javier Sádaba y Alfonso Sastre. En aquella ocasión, la autoinculpación tenía un carácter más testimonial porque, al tratarse de un edificio oficial, las instituciones procedieron a su desalojo por vía administrativa, reservada a los poderes públicos, en la que no hay ninguna responsabilidad ni imputación penal. Se trata de un procedimiento que sólo requiere permiso judicial para que la policía entre al inmueble a ejecutar el desalojo sin que los juzgados entren al fondo de la cuestión. Aquellas 600 autoinculpaciones iban más dirigidas a incidir para que el Congreso de los Diputados despenalizara la okupación que a evitar procesamientos, ya que, al tratarse de una vía administrativa, no hubo procesados y, por tanto, los jueces no tuvieron que citar a los 600 culpables. Los ciudadanos que suscriben estas iniciativas consideran que el uso de edificios inutilizados no es un delito en una sociedad con miles de inmuebles vacíos y una gran carestía de la vivienda. Creen también que el Código Civil ya establece mecanismos para desalojar los inmuebles tomados sin que sea necesario castigar con penas de cárcel a los okupas. Pero no lograron su objetivo: el Parlamento abordó el tema y sólo IU y Nueva Izquierda se mostraron favorables a la despenalización.
En la actual inculpación, aunque también se busca divulgar los apoyos que tiene el movimiento okupa, el principal objetivo es evitar el procesamiento penal de los jóvenes que el miércoles entraron a este bloque de la plaza de Cabestreros.