Los socialistas harán oposición al Gobierno con varios recursos ante el Constitucional

El PSOE ha decidido incluir en su estrategia de oposición la apelación al Tribunal Constitucional en un intento de que le ayude a paliar los problemas que tiene en el Parlamento para hacer valer sus tesis. Este mes presentará cuatro recursos que tienen como fundamento común la acusación al Gobierno de "sustituir la voluntad del Legislativo, imponerse y reemplazar a las Cámaras". Los recursos son contra un decreto-ley por el que España se adhiere a disposiciones del FMI, otro de amparo por el rechazo de la Mesa del Congreso a que comparezca ante la Cámara el presidente de Endesa, otro contra la...

El PSOE ha decidido incluir en su estrategia de oposición la apelación al Tribunal Constitucional en un intento de que le ayude a paliar los problemas que tiene en el Parlamento para hacer valer sus tesis. Este mes presentará cuatro recursos que tienen como fundamento común la acusación al Gobierno de "sustituir la voluntad del Legislativo, imponerse y reemplazar a las Cámaras". Los recursos son contra un decreto-ley por el que España se adhiere a disposiciones del FMI, otro de amparo por el rechazo de la Mesa del Congreso a que comparezca ante la Cámara el presidente de Endesa, otro contra la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos y, por último, un cuarto recurso contra la ley del IRPF.

"Todos los recursos ante el Constitucional tienen que ver con el interés de los socialistas por la calidad de la democracia, que viene determinada por la capacidad que el Ejecutivo tenga para gobernar, y también por la actitud y posibilidad que desde la oposición se posea para impedir que el Gobierno malgobierne".Así figura en un documento de 38 páginas elaborado por la dirección el Grupo Parlamentario Socialista -el candidato a la presidencia del Gobierno José Borrell, portavoz; Luis Martínez Noval, portavoz adjunto; María Teresa Fernández de la Vega, secretaria general, y los adjuntos Francisco Fernández Marugán, Sergio Moreno y Teresa Cunillera- en el que se explican las razones políticas y técnicas por las que se presentan estos recursos ante el Tribunal Constitucional. El texto del documento ha sido repartido a todos los diputados y senadores.

La imposibilidad de comparecencia de los presidentes de grandes compañías que gestionan servicios públicos, el empleo del decreto-ley como técnica ordenancista de gobierno, y la ley de Acompañamiento de los Presupuestos son ejemplos "a través de los cuales puede apreciarse si el funcionamiento de las Cámaras es o no adecuado", dice el texto, para concluir que no lo es.

Los socialistas se consideran "limitados" en su función de oposición política ante la imposibilidad de que comparezcan ante las Cámaras los responsables de empresas que en su día fueron mayoritariamente públicas, y que en la actualidad conservan un porcentaje de capital público inferior al 50%, pero mantienen un fuerte control administrativo. Además, esas empresas siguen gestionando servicios esenciales con "gran incidencia en importantes sectores de la economía".

Villalonga

El presidente de la Compañía Telefónica, Juan Villalonga, fue el primero de estos casos que resultó inútil traer al Congreso de los Diputados, por lo que ya el PSOE presentó un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Ahora, la historia se repite con el presidente de Endesa, Rodolfo Martín Villa, a quien la mayoría formada en la Mesa del Congreso por el Partido Popular y sus socios nacionalistas impide que comparezca.

El recurso de amparo por este último caso está ya en plena elaboración.

Las sesenta y una ocasiones en las que el Gobierno de José María Aznar ha recurrido al decreto-ley en la presente legislatura, de los que sólo diecisiete se han tramitado después como proyectos de ley, es otro de los motivos por los que los socialistas sienten cercenadas sus posibilidades de hacer oposición al no haber debate parlamentario sobre importantes materias.

"El Gobierno, al hacer uso reiterado de esta forma de gobernar, lleva a cabo una completa sustitución de la voluntad del Legislativo por un acto del Ejecutivo que es efectivo desde que se publica en el BOE

[Boletín Oficial del Estado]", señala Fernández Marugán. "La inversión de los poderes constitucionales alcanza tal plenitud que nos encontramos ante el hecho real de que es el Gobierno el que produce la legislación, imponiéndose a las Cámaras y reemplazándolas", añade.

La traducción concreta de esta acusación la plasman en un decreto-ley por el que España se adhiere a diversos acuerdos del Fondo Monetario Internacional (FMI) "con el hito que supone regular una materia que está reservada en exclusiva a las Cortes Generales", dicen los autores de la denuncia para explicar otro recurso ante el Constitucional por esta materia.

Utilización abusiva

"La utilización abusiva" de la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos Generales del Estado ha sido la práctica que más ha enojado al Partido Socialista, ya que se ha aprovechado esa norma para modificar, por enmiendas en el Senado, leyes que poco tienen que ver con los Presupuestos. Desde la Ley del Deporte hasta la creación de fundaciones sanitarias o las aportaciones a las compañías eléctricas de más de un billón de pesetas en compensación a la liberalización del mercado.

"La ley de este año regula tal amplitud de materias que en modo alguno reúnen las características de relación directa y necesidad desde el punto de vista presupuestario", dicen los recurrentes. "Se ha venido a añadir, además, que el grueso de las enmiendas de calado político-jurídico han sido presentadas por el Grupo Parlamentario del Partido Popular en el Senado, lo que supone un grave daño a la discusión y participación de las minorías".

"No es posible modificar sin apenas debate y en veinte días materias como la prórroga de los beneficios para la contratación indefinida, la regulación de las fundaciones sanitarias, la modificación de la ley del medicamento o la modificación de la Ley del Sector Eléctrico", dicen los recurrentes.

El recurso al Tribunal Constitucional contra la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) tiene más que ver con los derechos de los ciudadanos que con los de los parlamentarios de la oposición, según reconocen los dirigentes del Grupo Parlamentario Socialista.

En la conclusión política que acompaña a la justificación de este afán de recurrir se afirma que "el Gobierno ha conducido al Parlamento a una enorme atonía que se traduce en que el debate político esté bajo mínimos, en detrimento de la función de control parlamentario y de desarrollo legislativo, que corresponde a las Cámaras".