Arenas enviará una carta "explicativa" a los jubilados andaluces tras el "pensionazo" de la Junta Los socialistas anuncian que "no pararán" hasta que el Gobierno central suba las pensiones
El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Javier Arenas, se dirigirá por carta a los pensionistas de Andalucía para aclarar la política de su departamento sobre la subida de las jubilaciones, después de que el Gobierno andaluz aprobase el pasado 29 de diciembre aumentar con fondos propios en un 1,8% las pensiones no contributivas que perciben un total de 107.500 andaluces y en un 5,5% las asistenciales, que afectan a 45.856 personas. Arenas enviará la misiva que, según fuentes del Partido Popular, tendrá carácter "explicativo", el próximo mes de febrero. Paralelamente, el PSOE anunció ayer un...
El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Javier Arenas, se dirigirá por carta a los pensionistas de Andalucía para aclarar la política de su departamento sobre la subida de las jubilaciones, después de que el Gobierno andaluz aprobase el pasado 29 de diciembre aumentar con fondos propios en un 1,8% las pensiones no contributivas que perciben un total de 107.500 andaluces y en un 5,5% las asistenciales, que afectan a 45.856 personas. Arenas enviará la misiva que, según fuentes del Partido Popular, tendrá carácter "explicativo", el próximo mes de febrero. Paralelamente, el PSOE anunció ayer una nueva ofensiva en el Congreso de los Diputados para forzar una "relectura" del Pacto de Toledo.
La decisión del Gobierno andaluz de complementar al alza las pensiones no contributivas (aquellas que perciben los que no han cotizado a la Seguridad Social) y las asistenciales (las contempladas en el Fondo de Asistencia Social y en la ley de Integración Social de los Minusválidos) ha puesto en un brete al Ministerio de Trabajo, que teme que otras comunidades autónomas sigan el camino del Ejecutivo del socialista Manuel Chaves y se produzca una reacción mimética. El llamado pensionazo no tendrá una alta repercusión en las arcas autonómicas (alrededor de 3.500 millones de pesetas de un presupuesto que asciende a 2,5 billones), pero sí desde el punto de vista político y social. Para intentar contrarrestarlo, Arenas enviará una carta a los beneficiarios de las pagas no contributivas, aunque fuentes del Partido Popular afirman que su intención no es abrir otro frente de batalla con el Gobierno andaluz, sino la de "aclarar" y "explicar" la política seguida por su departamento. Desde el Ministerio de Trabajo se ha insistido en que las pensiones han ganado poder adquisitivo, al experimentar subidas por encima del IPC real, y que la medida auspiciada por Manuel Chaves desequilibra la situación de los pensionistas en función del territorio en el que viven. Vías de respuesta Arenas se ha decidido a enviar una carta después de valorar otras vías de respuesta al Gobierno andaluz, como la de recurrir a los tribunales. Esta decisión fue descartada tanto por razones legales (la Junta de Andalucía tiene competencias para mejorar las prestaciones sociales) como de oportunidad política (no se entendería que el Ministerio de Trabajo se opusiese a una medida que objetivamente mejora la situación de un nutrido grupo de personas). No obstante, la remisión de cartas a los jubilados por parte de la Junta de Andalucía siempre ha sido duramente criticada por el Partido Popular, formación que preside Javier Arenas. En octubre de 1997, el portavoz popular, Manuel Atencia, acusó a Manuel Chaves en un debate en el Parlamento andaluz de cometer un "acto de prevaricación política" por el envío de una misiva a los pensionistas y, recientemente, el responsable de Política Sectorial del PP, Manuel Seco, calificó de "burda utilización" una nota remitida a finales de diciembre por el consejero de Asuntos Sociales al mismo colectivo. La medida del Gobierno andaluz va a ser debatida en profundidad en la ejecutiva federal del PSOE, que propondrá en el Congreso una proposición no de ley para subir las pensiones contributivas (las que se nutren de las cotizaciones de la Seguridad Social) que estén por debajo del salario mínimo interprofesional (68.000 pesetas) por encima del incremento de los precios. El PSOE estima que el coste de esta medida ascenderá a unos 80.000 millones de pesetas. "No pararemos hasta conseguir que el Gobierno aplique una medida de discriminación positiva con los pensionistas más necesitados", afirmó ayer el secretario de Política Municipal del PSOE, Alfonso Perales. Los socialistas abrirán una ronda de contactos con los sindicatos y el resto de fuerzas políticas para sumar apoyos a su proposición, al tiempo que prevén plantear otras iniciativas de control parlamentario dirigidas al ministro Javier Arenas.