El Consell ha aprobado sólo tres leyes de carácter social en toda la legislatura
El Consell ha aprobado en toda la legislatura sólo tres leyes de carácter social: las de Drogodependencias, Servicios Sociales y Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas. Las políticas sociales de las que presumen los populares en sus presupuestos no han estado acompañadas de idéntica revisión legislativa. Las leyes aprobadas en materia de bienestar social han tenido, además de una tormentosa tramitación, una dudosa efectividad, según la oposición.
Las iniciativas legislativas impulsadas por el Consell de Eduardo Zaplana desde su llegada al poder en 1995 han tenido como obj...
El Consell ha aprobado en toda la legislatura sólo tres leyes de carácter social: las de Drogodependencias, Servicios Sociales y Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas. Las políticas sociales de las que presumen los populares en sus presupuestos no han estado acompañadas de idéntica revisión legislativa. Las leyes aprobadas en materia de bienestar social han tenido, además de una tormentosa tramitación, una dudosa efectividad, según la oposición.
Las iniciativas legislativas impulsadas por el Consell de Eduardo Zaplana desde su llegada al poder en 1995 han tenido como objetivo incidir en tres grandes áreas: la reestructuración administrativa y financiera de la Generalitat, la actividad económica y la vida cultural. La esfera que menor atención legislativa ha merecido por parte del Gobierno valenciano ha sido la de bienestar social. En la regulación legislativa de estas políticas ha influido también el complicado traspaso de poderes entre el ex consejero José Sanmartín y la actual titular del departamento, Marcela Miró. Los textos legales sobre Drogodependencias y Servicios Sociales a punto estuvieron de ser retirados. La ley de Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas se tramitó con normalidad. Sin embargo, la oposición, en público, y Unión Valenciana, en privado, consideran que son papel mojado. Las dos primeras por su mala redacción, que sólo ha servido para intentar trasladar al sector privado parte de los servicios asistenciales, y la tercera porque carece de la financiación adecuada para convertirse en realidad. Una visión que no comparte el Partido Popular. El portavoz parlamentario del PP, Fernando Castelló, afirma que el Consell "es diligente y riguroso en el desarrollo y aplicación de las normas aprobadas por las Cortes Valencianas y vela por su progresiva implantación en todo el territorio autonómico". "Es utópico pretender que al día siguiente de su aprobación se apliquen en su totalidad", sentencia.
El Consell interviene en la economía y las finanzas con un amplio paquete de leyes
El Gobierno valenciano, en contra de los postulados liberales que esgrime, ha impulsado en esta legislatura un amplio paquete de leyes intervencionistas en la regulación de la actividad económica y financiera de la Comunidad. El mascarón de proa de las leyes avaladas por el Partido Popular ha sido la ley de cajas de ahorro, que ha sentado a los representantes del Consell y de los partidos políticos en los órganos de gobierno del mayor instrumento financiero de la Comunidad Valenciana. Sin embargo, ésta no ha sido la única actuación. Los populares, desde que se instalaron en la bancada azul de las Cortes, han presentado una ley de horarios comerciales -destinada a beneficiar a las grandes superficies comerciales-, una ley de cámaras de comercio -que intentaba consolidar el control de las federaciones patronales afines-, otra de Ordenación Farmacéutica -que inicialmente daba satisfacción a los dirigentes de los colegios de farmacéuticos que se opusieron al último consejero de Sanidad socialista- y otra sobre cooperativismo. Además de este paquete legislativo, el Consell consiguió sacar adelante en las Cortes una ley de colegios profesionales -que regula las afiliaciones obligatorias y prevé la existencia de tarifas mínimas-, dos leyes sobre el régimen sancionador en materia de vivienda y modificación de la ley del suelo urbanizable -que flexibilizan la anterior legislación socialista e incentivan el sector de la construcción- y otra sobre municipios turísticos, pendiente de la reglamentación del Consell que permitirá primar a unos municipios sobre otros en función de los servicios que presten. Para la oposición, la actividad legislativa del PP ha tendido a favorecer a los sectores económicos que apoyaron a Zaplana en las últimas elecciones autonómicas. Glòria Marcos, de Esquerra Unida-Els Verds, considera que "Zaplana ha beneficiado fundamentalmente a sus amigos". Pese a que no evita la crítica sobre la manera de intervenir del Consell en la vida económica, la oposición se muestra más preocupada por la pérdida de control parlamentario y el incremento de la opacidad en las leyes que afectan a la estructura administrativa y financiera de la Generalitat. El Ejecutivo que preside Eduardo Zaplana, mediante las leyes de presupuesto y las de acompañamiento, ha introducido modificaciones en cerca de 30 leyes existentes y ha introducido prácticas contables que transfieren la deuda de la Administración valenciana a los ayuntamientos y las universidades. En este paquete de medias legislativas, el Consell ha modificado también la fiscalidad en sus propios tributos y en el tramo autonómico del IRPF. El socialista Víctor Fuentes señala que lo que criticó el PP en la oposición -modificar leyes mediante el texto que acompaña a los presupuetos- ahora ha decidido aplicarlo por sistema y ha renunciado a debatir con luz y taquígrafos una nueva ley de Hacienda o de Contrataciones de la Generalitat.