El juez rechaza un recurso de Xeresa y esgrime que la ley protege los marjales aun sin catalogar

El titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Gandia acaba de dar un espaldarazo a la tesis defendida por los ecologistas, por una sentencia del Supremo que avala otra del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y hasta por un informe jurídico interno de la Consejería de Medio Ambiente en la que se defiende que la ley da protección total a los humedales a pesar de que no estén incluidos en un catálogo de zonas húmedas. En el auto, el juez Ernesto Casado, que investiga el aterramiento con escombros, bajo licencia del Ayuntamiento de Xeresa, de decenas de hectáreas del marjal de La Safor, ...

El titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Gandia acaba de dar un espaldarazo a la tesis defendida por los ecologistas, por una sentencia del Supremo que avala otra del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y hasta por un informe jurídico interno de la Consejería de Medio Ambiente en la que se defiende que la ley da protección total a los humedales a pesar de que no estén incluidos en un catálogo de zonas húmedas. En el auto, el juez Ernesto Casado, que investiga el aterramiento con escombros, bajo licencia del Ayuntamiento de Xeresa, de decenas de hectáreas del marjal de La Safor, desestima el recurso del alcalde, Ciprià Fluixà, contra la paralización cautelar de los vertidos.

Ciprià Fluixà, de Unión Valenciana, está imputado por el fiscal de Medio Ambiente Carlos Almela como presunto autor de un delito contra el medio ambiente y por prevaricación al conceder al menos 93 licencias de vertido en el marjal de La Safor, incluido por la consejería en el Catálogo de Zonas Húmedas de la Comunidad Valenciana presentado hace un año pero que todavía no ha sido aprobado por el Consell -el presidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana, del PP, ha propuesto en la ley de acompañamiento a los Presupuestos de 1999 posponer hasta dentro de un año la aprobación-. Fluixà llegó a ocultar al fiscal más de la mitad de los permisos. Y entre los no entregados, en al menos dos el alcalde se autorizaba a sí mismo para "almacenar" escombros en fincas suyas. La denuncia del fiscal, admitida a trámite por el juzgado de Gandia, se trataba de impedir que prosiguieran las prácticas frecuentes en la zona, pero más abundantes en los últimos años, de aterrar y desecar el humedal con escombros para elevar el terreno y transformar el marjal de Xeresa en cultivos. Una vez admitida a trámite la querella de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana por delito contra los recursos naturales y el medio ambiente, el juez ordenó la paralización de todos los vertidos, decisión recurrida por el alcalde. Esgrimía Fluixà que el humedal todavía no estaba protegido. Ahora, el juez rechaza este recurso al entender que el Código Penal autoriza a los jueces a adoptar medidas cautelares necesarias para proteger la naturaleza y que en "el término municipal de Xeresa se está ocasionando un daño irreversible al ecosistema y existe peligro de la pronta desaparición de las parcelas húmedas aún no aterradas". También menciona un informe jurídico interno de la Consejería de Medio Ambiente que reflejaba que no hace falta un catálogo oficial para que los humedales sean inviolables ("no es necesaria para su protección la previa declaración", dice) y cuya difusión causó malestar en este departamento por chocar frontalmente con la tesis defendida por su titular, José Manuel Castellá, que ha afirmado reiteradamente que sólo iban a estar protegidos los humedales incluidos en el listado oficial.