La Cámara de Cuentas denuncia a Gil ante el fiscal por "desobediente"

La Cámara de Cuentas de Andalucía consumó ayer su amenaza legal a Jesús Gil, alcalde de Marbella, de denunciarle ante el fiscal si desobedecía la orden de remitir al auditor público la documentación contable sobre la empresa municipal Contratas 2000. El plazo improrrogable de 10 días para que entregara los papeles venció el jueves y la denuncia entró ayer en el despacho de Alfredo Flores, fiscal jefe de Sevilla, que, casi con total seguridad, la derivará a su homólogo de Málaga. Contratas 2000 es la más importante de las 29 empresas municipales de Marbella. Las transferencias recibidas del Ay...

La Cámara de Cuentas de Andalucía consumó ayer su amenaza legal a Jesús Gil, alcalde de Marbella, de denunciarle ante el fiscal si desobedecía la orden de remitir al auditor público la documentación contable sobre la empresa municipal Contratas 2000. El plazo improrrogable de 10 días para que entregara los papeles venció el jueves y la denuncia entró ayer en el despacho de Alfredo Flores, fiscal jefe de Sevilla, que, casi con total seguridad, la derivará a su homólogo de Málaga. Contratas 2000 es la más importante de las 29 empresas municipales de Marbella. Las transferencias recibidas del Ayuntamiento -más de 12.000 millones- llevaron a la Cámara de Cuentas a elegirla, junto al propio Ayuntamiento, como objetivo de su fiscalización. Gil se ha negado reiteradamente a entregar los documentos -algunos dice que ya están en la Cámara- y ha interpuesto un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía para paralizar la fiscalización. Por otro lado, Jesús Gil alegó ayer tener otros compromisos para justificar su incomparecencia ante un juez de Marbella para declarar por un presunto delito urbanístico por autorizar una edificación con mayor altura que la permitida en el vigente Plan General de Ordenación Urbana. La querella fue interpuesta por unos vecinos a los que, ante sus carísimos áticos, se construyeron edificios que les quitan las vistas. Los perjudicados denunciaron al Ayuntamiento en febrero ante la fiscalía. El ex primer teniente de alcalde, Pedro Román, tampoco compareció, argumentando su ausencia por encontrarse fuera de la ciudad. El juez Antonio Ruiz Villén volverá a citar a los imputados a principios de enero.