UGT y Comisiones acusan a la SEPI de poner en peligro el futuro de Babcock
Joaquín Clotet, presidente de Babcock Wilcox y vicepresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) se reunió ayer con el comité sindical de la fabricante de bienes de equipo para explicar la reapertura del proceso de privatización de la empresa. Tras la reunión, el sindicato UGT, mayoritario en la empresa, volvió a pedir transparencia en el proceso. Comisiones Obreras y UGT, que suman una representación cercana al 75% en la compañía, criticaron "los graves errores cometidos" por el Gobierno central, al que exigieron responsabilidades como propietario de la fabricante ...
Joaquín Clotet, presidente de Babcock Wilcox y vicepresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) se reunió ayer con el comité sindical de la fabricante de bienes de equipo para explicar la reapertura del proceso de privatización de la empresa. Tras la reunión, el sindicato UGT, mayoritario en la empresa, volvió a pedir transparencia en el proceso. Comisiones Obreras y UGT, que suman una representación cercana al 75% en la compañía, criticaron "los graves errores cometidos" por el Gobierno central, al que exigieron responsabilidades como propietario de la fabricante de bienes de equipo. "El fracaso del Gobierno como accionista de Babcock Wilcox ha supuesto un deterioro muy serio para la empresa", según Comisiones. Este sindicato propondrá al resto de las centrales una asamblea general de los trabajadores de Babcock para analizar "la grave situación y tomar las medidas oportunas". La mala situación financiera de la multinacional noruega Kvaerner, con unas pérdidas hasta septiembre de 21.000 millones de pesetas, han llevado a la SEPI a quitarle la exclusividad en el proceso de privatización y abrir la venta de la empresa pública a otras firmas. Hasta el momento, la empresa alemana Stëim-Muller y la estadounidense Mac Dermott son las nuevas candidatas. El consejero de Industria en funciones, Javier Retegui, valoró la reapertura de la operación porque "no se puede estar esperando a una sola empresa". Por su parte, el PSE acusó al Gobierno central de la actitud de "mediación y especulación" con que ha actuado, y le reclamó que aborde el saneamiento de la empresa. Los últimos acontecimientos vuelven a retrasar la colocación en manos privadas de la empresa vasca, que hasta agosto pasado había registrado unas pérdidas de 7.506 millones de pesetas.