La juez Palacios ordena la apertura de juicio oral por el "caso PSV"

La juez de la Audiencia Nacional Teresa Palacios ha dictado un auto, con fecha 4 de noviembre, en el que ordena la apertura de juicio oral contra los siete encausados por el caso PSV: Carlos Sotos, Paulino Barrabés, Sebastián Reyna, Fermín Bretón, Francisco Hernández, Jesús Aina y Primitivo Álvaro. La juez concede un plazo de 24 horas a los encausados para que presenten una fianza por 18.587 millones, y caso de no hacerse, les serán embargados sus bienes.

El auto señala que se acusa a los siete encausados de los delitos de "apropiación indebida, estafas continuadas y falsedad en doc...

La juez de la Audiencia Nacional Teresa Palacios ha dictado un auto, con fecha 4 de noviembre, en el que ordena la apertura de juicio oral contra los siete encausados por el caso PSV: Carlos Sotos, Paulino Barrabés, Sebastián Reyna, Fermín Bretón, Francisco Hernández, Jesús Aina y Primitivo Álvaro. La juez concede un plazo de 24 horas a los encausados para que presenten una fianza por 18.587 millones, y caso de no hacerse, les serán embargados sus bienes.

El auto señala que se acusa a los siete encausados de los delitos de "apropiación indebida, estafas continuadas y falsedad en documento privado y mercantil", salvo en el caso de Jesús Aina, al que se acusa de apropiación indebida y estafa continuada, y no de falsedad en documentos.La juez Teresa Palacios deniega en el mismo auto las acusaciones formuladas contra otras personas, como son los demás miembros del consejo rector de PSV y los demás miembros de la ejecutiva federal de UGT, sindicato que promovió la cooperativa de viviendas que ahora es motivo de la apertura de juicio por sus presuntas irregularidades.

El auto acepta, sin embargo, la petición del fiscal de hacer responsable subsidiaria a UGT de los 18.587 millones de pesetas que deben pagar los acusados de forma solidaria en concepto de responsabilidad civil. Asimismo se decreta la libertad provisional de los acusados, pero con la obligación de presentarse ante la Audiencia Nacional cuando sean llamados. La juez les da un plazo de 24 horas para que presenten la fianza, más un tercio de la citada cantidad, y caso de no ser así procederá al embargo de bienes y derechos de su propiedad en la cantidad suficiente para cubrir la suma.

No cabe recurso

En el auto de la juez se afirma que contra el mismo no cabe recurso, excepto en lo relativo a la situación personal de los acusados. El fiscal anticorrupción, Vicente González de la Mota, solicitó en el escrito remitido a mediados del pasado mes de octubre a la juez Palacios penas de ocho años y dos meses de prisión mayor para Carlos Sotos, Paulino Barrabés, Sebastián Reyna, Fermín Bretón y Francisco Hernández, como gestores de PSV. Jesús Aina y Primitivo Álvaro eran miembros de IGS, la gestora de PSV, que ahora son citados en el auto de la juez con los cinco anteriores como encausados.La cooperativa Promoción Social de Viviendas (PSV) se constituyó el 1 de junio de 1988 con un capital de 160.000 pesetas y nombró director general a Carlos Sotos. Dos semanas más tarde se creó IGS con un capital de 10 millones de pesetas. Los primeros problemas surgieron en septiembre al presentar la cooperativa dificultades de financiación y problemas con algunas entidades bancarias que no respaldaron algunos proyectos de PSV e IGS.

En diciembre de 1993, y para evitar la quiebra, tanto PSV como IGS presentaron suspensión de pagos. La cooperativa tenía entonces 19.135 socios a la espera de vivienda. El déficit patrimonial fue de 14.179 millones. En 1993 se inició el proceso judicial.