Rahola acusa a Pomés de ser "consejero de Inverama"

Pilar Rahola, vicepresidenta del Partit per la Independència (PI), acusó ayer al consejero de Gobernación, Xavier Pomés, de ser un consejero "de Inverama y no de la Generalitat", refiriéndose a la intervención del consejero en el Parlament el pasado miércoles a propósito del traslado del casino de Sant Pere de Ribes a Barcelona. Pomés compareció en el Parlament a petición de ERC, IC y el PI para explicar el porqué del traslado, en el que esas formaciones ven el interés de la Generalitat por defender los intereses económicos de Inverama, empresa que explota los tres casinos que existen en Catal...

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Pilar Rahola, vicepresidenta del Partit per la Independència (PI), acusó ayer al consejero de Gobernación, Xavier Pomés, de ser un consejero "de Inverama y no de la Generalitat", refiriéndose a la intervención del consejero en el Parlament el pasado miércoles a propósito del traslado del casino de Sant Pere de Ribes a Barcelona. Pomés compareció en el Parlament a petición de ERC, IC y el PI para explicar el porqué del traslado, en el que esas formaciones ven el interés de la Generalitat por defender los intereses económicos de Inverama, empresa que explota los tres casinos que existen en Cataluña. Pomés negó cualquier irregularidad o trato de favor hacia Inverama, cuyo responsable es Artur Suqué. Rahola, mediante un comunicado, acusó a Pomés de "no utilizar ningún argumento político para justificar el traslado" y de demostrar "que es el consejero de Inverama y no de la Generalitat". En opinión de Rahola, Pomés no tiene ningún argumento de interés general para justificar el traslado, "sólo el de beneficiar a Suqué". "Este insólito monopolio puede tener relación con el partido del Gobierno. Estamos obligados a pensar mal ante tanto interés de la Generalitat para que una única empresa tenga el monopolio del juego y la larga hemeroteca que existe del caso Casinos ", prosigue. El PI mantiene abiertos varios frentes judiciales para intentar frenar el traslado del casino de Sant Pere a una de las torres de la Villa Olímpica de Barcelona, donde las instalaciones podrán funcionar durante cinco años, según una de las condiciones impuestas por el Ayuntamiento de Barcelona. El PI también ha pedido la intervención del Tribunal de Defensa de la Competencia, que todavía no se ha pronunciado. Asimismo el PI pretende que intervenga la fiscalía anticorrupción.

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